Sólo intentará solucionar los problemas de corrupción e impunidad, establecieron integrantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

La justicia es una de las tareas pendientes del Estado mexicano. El sistema penal acusatorio –que entrará en vigor el próximo 18 de junio en todo el país– no resolverá la criminalidad, y aunque es mejor que el que tradicionalmente propicia la corrupción e impunidad, tampoco solucionará esos problemas, sino que sólo intentará remediarlos, afirmaron integrantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

En conferencia de prensa, Patricia Lucila González Rodríguez señaló que la implementación de ese sistema se relaciona con una justicia pronta, imparcial y accesible para todos los mexicanos. Sin embargo, para instrumentarlo adecuadamente se enfrenta el reto de las policías de investigación. “Si deseamos investigaciones técnicas, científicas, de una policía que aún no tiene la capacidad institucional para preservar una serie de evidencias en el lugar de los hechos, estamos en problemas”, mencionó.

Para la experta, el proceso penal acusatorio debe funcionar como una empresa que no sólo es administrada, sino que es evaluada de forma externa. Las procuradurías o fiscalías deben tener evaluadores –que en este caso serían los ciudadanos y las organizaciones civiles–, para medir la actividad cotidiana de los servidores públicos.

Además, señaló, hay grandes fallas en las entidades y el sistema federal, porque no se ha planeado adecuadamente cómo liquidar el sistema tradicional y lograr que la justicia de calidad que se pretende con el acusatorio, permanezca y se desarrolle en todos los casos.

González Rodríguez cuestionó cómo se liquidarán los casos de manera eficiente y eficaz, y si hay suficiente personal para lograr el tránsito hasta que se termine con el sistema tradicional y se consolide el acusatorio. “¿Qué ocurrirá con los millones de casos penales pendientes, en trámite?”.

Si los altos índices de criminalidad continúan, el sistema acusatorio colapsará, como ha ocurrido con el tradicional. Por ello, junto con una justicia de calidad, se requiere resolver los problemas de pobreza, remarcó.

Jorge Alberto Witker Velásquez opinó que esta reforma implica democratizar el poder del Estado más cerrado que hasta hoy ha existido: el Judicial. “No es casual que en los procesos de transición democrática que vivimos surja el cambio del sistema procesal de justicia”.

El sistema tiene el gran mérito de abrir a la sociedad, a los familiares de los afectados, el manejo de la acusación y la defensa. Además, dado por la metodología de las audiencias públicas, intentará resolver la impunidad y la corrupción.

Empero, consideró el especialista, llenarnos de juicios orales contradice al sistema. De 100 asuntos, la mayoría de carácter patrimonial, alrededor de 20 por ciento llega a la instancia del juicio oral, y 80 por ciento se resuelve a través de mecanismos alternativos, acuerdos de reparación y procedimiento abreviado, entre otros.

Por su parte, Enrique Díaz Aranda preguntó por qué no se ha alcanzado la justicia y, por el contrario, se presentan procesos injustos, condenas de inocentes o la evasión de la acción de la justicia por parte de delincuentes, y si ésa es una cuestión de forma o fondo. “¿Al cambiar formas podemos conseguir ese fin marcado por la Constitución?”.

El nuevo sistema de justicia penal es bueno sólo si estamos en la posición y con los elementos para llegar a aplicarlo de manera eficaz, consideró en el Aula de Seminarios Guillermo Floris Margadant del IIJ.

Además, refirió, otro problema que se enfrentará es qué vamos a hacer con los 33 códigos penales vigentes para un solo Código Nacional de Procedimientos Penales.

Hay reticencia a llevar a buen término y a la aplicación estricta de los principios del nuevo sistema de justicia penal. “A veces las normas se crean con fines políticos”; en este caso, se señaló una fecha límite, el 18 de junio, como si se fuera a transformar la realidad. Cuando así ocurre, se trata de una demagogia que pretende encubrir ciertas disposiciones o justificar decisiones políticas, concluyó Díaz Aranda.