La Premio Nobel de la Paz 1992, e investigadora extraordinaria de esta casa de estudios, dictó la conferencia magistral “Los juicios por delitos de lesa humanidad en Guatemala y sus aportes a la jurisprudencia y a la justicia universal”

La justicia en América Latina tiene todavía un problema de falta de certezas, y hoy continúa la criminalización de los pueblos indígenas, la cual pasa por la eliminación y desacreditación de sus dirigentes; por ello es tan importante la caracterización del derecho indígena, se expresó en la Cátedra Extraordinaria Rigoberta Menchú Tum de la UNAM.

Al dictar la conferencia magistral "Los juicios por delitos de lesa humanidad en Guatemala y sus aportes a la jurisprudencia y a la justicia universal", la ganadora del Premio Nobel de la Paz 1992 e investigadora extraordinaria de esta casa de estudios, dijo que ése es el desafío más grande y lo más grosero que se puede hacer en la vida humana.

Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades, indicó que la experiencia de Rigoberta Menchú es un testimonio invaluable de los avances y las limitaciones que aún poseemos para enfrentar los agravios cometidos por las autoridades gubernamentales en nuestros países.

Ella, añadió, representa una cultura milenaria y originaria que muchas veces ha sido asfixiada para mermar sus posibilidades de no sólo preservarse, sino crecer; de una cultura víctima de discriminación, violencia, maltrato e, incluso, tortura, pero al mismo tiempo rica y llena de vida. Marcada por el sino de la injusticia social, pero también por una enorme voluntad de expansión, perseverancia y saberse oír.

Al continuar su conferencia, Menchú Tum, también ganadora del Premio Príncipe de Asturias, refirió que “la tortura, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, la eliminación de comunidades enteras es parte de nuestra historia. Gracias a las víctimas, cuya verdad prevalece a lo largo de décadas y quienes sostienen su verdad y luchan por ella, se generó un impacto de involucramiento de la investigación científica. Trazamos un camino de lo testimonial a lo jurídico”.

En Guatemala, la investigación fehaciente permitió introducir el rol del ADN al servicio de las víctimas, como instrumento extraordinario para esclarecer la verdad. Además, por primera vez “sentamos a militares del más alto nivel, responsables de una masacre, en un tribunal civil. Abolimos el fuero militar”. De igual manera, se contribuyó a la reforma procesal penal de aquel país.

Emilio Álvarez Icaza, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, dijo que el gran aporte de Menchú y Guatemala es la fuerza de las víctimas. “La categoría de derechos humanos se ha ido construyendo por eso, porque hay quienes se atreven a levantar la voz, a perderle miedo al miedo. Es un espejo en el que México debe verse ahora”.

América Latina tiene la tragedia de haber construido el concepto jurídico de desapariciones forzadas; cuando iniciaron las dictaduras no había delito que tipificara lo que hacía el Estado para desparecer a sus propios ciudadanos y a los que pedían justicia.

El concepto surgió por la lucha de las victimas hasta que se hizo ley; en México el Congreso legisla para hacer una que armonice las obligaciones internacionales con un instrumento jurídico nacional que permita superar lo que la mayoría de las entidades no tienen tipificado: la desaparición forzada.

De ese modo, los ministerios públicos no califican, los jueces no sancionan y la práctica no se erradica. Tenemos ese mismo desafío para tortura. Tenemos que ver hacia el sur, y las experiencias que allá han vivido, finalizó.