Académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM realizaron una revisión técnica del texto constitucional actual con el propósito de optimizar la Constitución para hacerla más clara en su redacción y estructura.

El ejercicio, denominado La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Texto reordenado y consolidado, no altera las normas ni el pacto político que la sustenta, pero sí da como resultado una Carta Magna más accesible, coherente y entendible para el común de las personas que son sus titulares legítimos, afirmó el director de esa entidad universitaria, Pedro Salazar Ugarte.

Asimismo, indicó, se propone trasladar parte del contenido de la Constitución a un estatuto que aún no existe y se denominaría Ley de Desarrollo Constitucional (LDC), que sería complementaria, contendría las leyes reglamentarias del texto constitucional y tendría la misma jerarquía normativa que nuestra norma fundamental.

“Lo que hicimos fue corregir las inconsistencias terminológicas, los errores gramaticales del texto, así como reacomodar y reorganizar los contenidos del mismo. Como resultado de este ejercicio logramos aligerar casi 30 por ciento el contenido de la Constitución”, señaló.
El trabajo fue publicado en un volumen coeditado por el IIJ, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, la Cámara de Diputados, el Senado de la República y el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. Participaron, además del director del Instituto, Héctor Fix-Fierro, Diego Valadés, Daniel Barceló, Eduardo Ferrer MacGregor, José María Serna de la Garza y Daniel Márquez.

Salazar Ugarte consideró que el estudio es importante si se considera que las constituciones deben ser documentos accesibles para la ciudadanía en un sentido amplio. México necesita crear una cultura al respecto y esto sólo se logra cuando las personas conocen su Constitución.

Hoy, comentó, nuestra Carta Magna se ha convertido en un documento sumamente complejo y ha cambiado tanto en forma como en contenido, y aunque conserva algunos principios que le dan identidad, la de 2016 es tres veces más extensa que la de 1917.

A un año del centenario de la promulgación del documento que establece las normas supremas de la nación, sostuvo que éste se ha desordenando a lo largo de un proceso de reformas iniciadas en 1921. “Con el tiempo, estos cambios se aceleraron y a partir del mandato de Miguel de la Madrid se observan modificaciones más estructurales. Los sexenios donde más se aprecian son en el de Felipe Calderón (con 110) y en el actual, y eso que apenas va a la mitad”, resaltó.

Por ejemplo, refirió, el artículo 41, que en 1917 tenía 63 palabras, hoy suma más de cuatro mil. Esto nos habla de cómo se han incorporado contenidos que en algunos casos son de carácter reglamentario, como establecer los minutos y segundos que corresponden a los partidos políticos en radio y televisión en tiempos electorales.

La tendencia a replantear esta obra se ha incrementado en los tiempos de la democratización, lo que ha distorsionado el sentido de un texto que debería ser accesible a todos, pero que se ha vuelto extenso, oscuro, confuso y farragoso, resaltó.

Por ello, hacer una revisión técnica permitiría mejorarla, conocerla más y utilizarla de una manera más eficaz. La idea es que todos podamos entenderla, no sólo los expertos, y que tenga una redacción que, por ejemplo, dé menos lugar a disputas interpretativas, subrayó.

Una Carta Fundamental confusa, reconoció, no resuelve los conflictos, se vuelve parte del conflicto, porque en ella cabe prácticamente cualquier significado; entonces, quienes se apropian del contenido son los intérpretes del texto, que suelen ser los jueces constitucionales, dijo.

En cambio, abundó, si tienes una Constitución clara cualquier persona entiende el contenido y conoce mejor sus derechos y obligaciones.

Así, 2017 podría ser el año en el que la Constitución de 1917 recupere forma y retome bríos. Hacerlo no depende de quienes nos dedicamos a la investigación, pero sí podría estar en la agenda de los actores que tienen la legitimidad democrática y la facultad jurídica para lograrlo.

En conferencia de medios, el jurista también habló sobre la Constitución de la Ciudad de México y consideró que se trata de un texto sui géneris que debe ajustarse al marco establecido en nuestra Carta Magna.

Sugirió que sea breve, de redacción clara, que explicite los derechos de quienes somos titulares y que organice de manera funcional esas garantías.

“Me gustaría que recogiera las mejores prácticas internacionales del constitucionalismo contemporáneo, que fuera incluyente y progresista. Sería positivo que piense en el futuro y que no se ancle en las tendencias del pasado”, concluyó.