_ La garantía de los derechos de la niñez y adolescencia debe permear las acciones de los sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) federal, estatales y municipales, y para ello debe contarse con una directriz para la ejecución de políticas públicas dirigidas a esta población.
En los territorios locales corresponde a los municipios diseñar supropio Programa Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, lo que precisa un diagnóstico previo y consultas a todos los actores.
Ante representantes de los Sipinna municipales del estado de Aguascalientes, el subdirector de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Secretaría Ejecutiva (SE) del Sipinna nacional, adscrita a la Secretaría de Gobernación, Joaquín Torres Acosta, expuso que para el diseño de cualquier programa de política pública es necesaria la identificación del problema que se quiere resolver, por lo que siempre se requiere un diagnóstico previo.
El servidor público refirió que es sustancial describir el entorno de la política pública en el que operará el programa, y considerar la problemática que se pretende atender mediante la información estadística disponible que permita dimensionarla y, en su caso, conocer las acciones emprendidas vinculadas con la atención del problema, los recursos con los que se cuenta y el alcance para su atención.
El diagnóstico debe considerar una situación negativa y/o necesidad insatisfecha existente que pueda ser resuelta mediante la implementación de políticas públicas, o sea, el qué. También es necesario delimitar la población o área de enfoque que presenta el problema y que resulte directamente afectada, lo que se considera el quién, y delimitar la zona geográfica (entidad federativa, municipios y/o localidades que presentan el problema, lo que responde el cuestionamiento de dónde.
Torres Acosta destacó que la consulta a actores debe considerar la participación directa de niñas, niños y adolescentes, deorganizaciones de la sociedad civil y de entidades de laadministración pública, a quienes se les presentan los principales hallazgos del diagnóstico sobre temas como justicia para adolescentes en conflicto con la ley, vida libre de violencias,actividades culturales, deportivas y de esparcimiento, medios de comunicación, brecha digital y tecnologías de la información,mecanismos de participación, servicios de salud, alimentación, salud mental y adicciones, educación, pobreza, entornos seguros y niñas yniños y adolescentes en movilidad, entre otros.
Añadió que para establecer los objetivos del programa es necesariopasar de lo negativo a lo positivo, siendo lo positivo la situación a la que se quiere llegar, así como establecer criterios de evaluación de las distintas soluciones a un problema. De esta forma se construye un diagrama donde un objetivo general se descompone en objetivos más concretos hasta llegar al punto en que pueda ser medible.
El servidor público mencionó que después se pasa a las estrategias del programa, que reflejan de manera integral un conjunto de acciones para lograr el objetivo, y que deben describirse las intervenciones de política pública que serán implementadas y que incluyan instrumentos de política, programas prioritarios o estrategias nacionales, correspondientes con el Plan Nacional de Desarrollo y estrategias estatales.
Destacó que las líneas de acción que se derivan de las estrategias son actividades concretas que contribuyen a su cumplimiento y que señalan a las entidades responsables de la instrumentación y la instancia encargada de su seguimiento.
Para la ejecución –expresó– se debe establecer, al menos, un indicador de resultados por objetivo, y contar con montos presupuestales o fuentes de financiamiento que pueden ser participaciones y aportaciones federales, recursos estatales, recursos propios o de los sectores privado, social y/o internacional.
Torres Acosta apuntó que el programa municipal de protección integral de niñas, niños y adolescentes necesita precisar la población potencial por desagregación etaria, lo que hace posible enfocar y aplicar los recursos donde se requieren, con lo que se espera una mayor eficiencia y se asegura que la distribución de los recursos corresponda con los fines y propósitos y, por consiguiente, lograr que las dependencias identifiquen a la población atendida.
