La organización Causa en Común presentó a autoridades estatales y a estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo los resultados del Informe de Transparencia sobre el Desarrollo de las Instituciones de Seguridad Pública, Penitenciarias y de Procuración de Justicia, 2024-2025 correspondientes a la entidad. El estudio fue elaborado exclusivamente con información oficial.

En el caso de la policía estatal, la corporación informó que ningún elemento acudió a prácticas de tiro durante 2024 y que la tercera parte de sus integrantes no tenían controles de confianza aprobados y vigentes. El informe también señala que no se realizó un concurso de promociones, que solo se impartió capacitación en una de las 13 materias sobre uso de la fuerza previstas en la ley y que no se acreditó un régimen complementario de seguridad social.

La unidad de asuntos internos de la policía estatal realizó una sola inspección a los elementos durante todo el año, y la corporación no contaba con lineamientos para recibir quejas de sus propios policías, de acuerdo con el estudio.

Respecto a la Fiscalía, las evaluaciones de competencias y desempeño se aplicaron únicamente a policías de investigación, no a ministerios públicos ni peritos. Además, la Fiscalía no realizó promociones ni cursos de actualización para su personal.

Sobre los penales, el informe indica que no se informó sobre el número de custodios y que los centros no contaban con un sistema de servicio profesional de carrera, protocolos ni informes públicos sobre el uso de la fuerza. Tampoco había un centro exclusivo para mujeres, solo dos de los tres penales disponían de separación entre personas procesadas y sentenciadas, y ninguno de los tres centros penitenciarios tenía certificación internacional.

La presentación forma parte de una serie de diálogos impulsados por Causa en Común sobre el estado de las instituciones de seguridad y justicia en cada entidad del país. La organización ha realizado encuentros en Ciudad de México, Estado de México, Sonora, Baja California, Puebla, Chihuahua, Querétaro y Tamaulipas, y busca llevar estos resultados a universidades, medios de comunicación y autoridades locales para promover el análisis público y la mejora institucional.