La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Dolores González Saravia, presentó los avances de la Comisión Especial de Desaparición de Personas y una propuesta de Plan de Trabajo 2026-2029 durante la LXIV Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), celebrada en Nuevo Nayarit, Nayarit. El plan incluye acciones para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, proteger a las familias y acompañar a los colectivos de personas buscadoras.

La Comisión Especial fue propuesta por la CDHCM y aprobada por la FMOPDH en Campeche el 17 de julio de 2026; se instaló el 19 de octubre y es coordinada por la CDHCM junto con los organismos de derechos humanos de Chihuahua, Estado de México, Morelos, Veracruz y Zacatecas. Como uno de sus primeros avances, realizó un diagnóstico de las atribuciones de los 32 organismos públicos de derechos humanos (OPDH) a partir de la revisión de leyes orgánicas, reglamentos internos y legislación local en materia de víctimas, desaparición y declaración especial de ausencia.

Con corte al 9 de octubre de 2026, el diagnóstico identificó mil 782 disposiciones, de las cuales solo 46 provienen de leyes locales en materia de desaparición; 11.3% del total se refiere expresamente a esta problemática. La revisión del ejercicio práctico de estas atribuciones se realizará en una etapa posterior.

La propuesta de Plan de Trabajo 2026-2029 contempla desarrollar criterios comunes para la atención de casos y el seguimiento de reportes de búsqueda; documentar agresiones contra familiares y personas buscadoras y establecer criterios para solicitar medidas cautelares; fortalecer la coordinación entre organismos cuando los casos involucren a más de una entidad; construir con familias y colectivos metodologías para el diálogo con autoridades; impulsar una agenda de memoria y actualizar la guía técnica del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas. González Saravia señaló: “La desaparición de personas exige fortalecer las capacidades de los organismos públicos de derechos humanos, la coordinación institucional y el acompañamiento a las familias y colectivos de personas buscadoras.”

En la Asamblea también se planteó que los organismos mexicanos consideren la adopción de las Directrices de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) sobre desapariciones de personas en contextos de movilidad humana, compiladas por la Defensoría del Pueblo de Colombia con asistencia técnica de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Entre sus criterios están iniciar de inmediato la búsqueda bajo la presunción de vida, asegurar la participación de las familias, proteger sus datos personales y evitar que la situación migratoria sea motivo de discriminación o criminalización. La presidenta de la CDHCM destacó que las comisiones estatales son en muchas ocasiones el primer contacto institucional de las familias.

En materia de transformación digital e inteligencia artificial se compartieron los Principios del Ombudsperson para la Dignidad y la Equidad Digital, conocidos como Principios de Ámsterdam, presentados en febrero de 2026 por el Ombudsperson de Ámsterdam y Digital Rights House; la CDHCM tradujo al español su versión preliminar. Los principios plantean conservar vías de atención no digitales, mantener el control institucional sobre sistemas, datos e infraestructura, recabar solo la información necesaria, proteger datos personales y conversaciones, y garantizar que las personas conozcan cómo se toman las decisiones digitales que les afectan, participen en el diseño de los sistemas, cuenten con supervisión humana y dispongan de mecanismos de reparación.

Durante la Asamblea, Carlos Alberto Prieto Godoy, titular de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, fue elegido presidente de la FMOPDH por votación mayoritaria para el periodo 2026-2028. El Comité Directivo quedó conformado por Prieto Godoy como presidente, José Manuel Vega Zúñiga, ombudsperson de Colima, como secretario ejecutivo, y Karla Gabriela Alcaraz Olvera, procuradora de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, como tesorera.