La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) acusó al Gobierno de Donald Trump de utilizar a México como un “vertedero” para personas migrantes que Estados Unidos no puede deportar a sus países de origen. La denuncia forma parte de un informe sobre expulsiones de cubanos y ciudadanos de terceros países entre enero de 2025 y marzo de 2026.

Según la organización, miles de personas fueron enviadas a territorio mexicano sin acceso a un proceso legal adecuado, sin documentos, dinero o pertenencias. HRW aseguró que muchos de ellos son cubanos que quedaron en situación vulnerable, sin vivienda, medicamentos ni protección frente al crimen organizado.

La investigadora de HRW, Alcira Silva Hava, señaló que la Administración de Trump está enviando a México a personas que no puede regresar a sus países de origen, incluidos cubanos que llevaban décadas viviendo en Estados Unidos. La ONG explicó que entrevistó a 53 personas deportadas, de las cuales 41 eran cubanas. Muchos vivían en Florida desde hace años, tenían negocios, casas y familiares en territorio estadounidense. Además, gran parte supera los 60 años y padece enfermedades crónicas que requieren atención médica continua.

HRW afirmó que ninguna de las personas entrevistadas tuvo oportunidad de impugnar su deportación hacia México, lo que, según la organización, viola leyes estadounidenses e internacionales sobre debido proceso. De acuerdo con los datos recopilados por Human Rights Watch, entre enero de 2025 y marzo de 2026, Estados Unidos deportó a más de 18 mil personas de terceros países. Cerca de 13 mil fueron enviadas a México. Los cubanos representaron el grupo más grande, con 4 mil 353 deportados durante ese periodo. HRW también señaló que muchas de estas personas fueron trasladadas a ciudades del sur de México, como Tapachula y Villahermosa, donde existen altos niveles de violencia y poca capacidad de atención para migrantes.

La organización pidió al Gobierno de Estados Unidos garantizar que cada persona tenga la posibilidad de impugnar su deportación y considerar factores como salud, edad o vínculos familiares antes de expulsarlos a terceros países. También solicitó a México aceptar únicamente acuerdos de traslado que respeten el debido proceso y el derecho internacional, además de garantizar acceso justo al asilo.