La diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Martha Aracely Cruz Jiménez, solicitó formalmente protección a la Secretaría de Gobernación (Segob) luego de recibir amenazas de muerte que ponen en riesgo su integridad física y la de su familia. La petición se presentó en agosto de 2026, después de que la legisladora cuestionara públicamente al gobierno de Oaxaca, encabezado por el gobernador Salomón Jara, por presuntos actos de corrupción y violencia laboral en la administración estatal.

De acuerdo con la denuncia de Cruz Jiménez, las amenazas comenzaron inmediatamente después de que emitiera críticas directas contra el gobierno oaxaqueño, señalando irregularidades en el manejo de recursos y condiciones laborales adversas para trabajadores del estado. La diputada, originaria de la región del Istmo, detalló que los mensajes intimidatorios incluían advertencias explícitas sobre su vida y la de sus seres queridos, lo que la obligó a buscar resguardo federal para garantizar su seguridad.

La bancada del PT en la Cámara de Diputados expresó su respaldo total a Cruz Jiménez y condenó enérgicamente las amenazas. En un comunicado, los legisladores destacaron la valentía de la diputada al denunciar estas prácticas y exigieron a las autoridades federales y estatales que se realice una investigación exhaustiva para identificar a los responsables. Asimismo, subrayaron que la protección solicitada a la Segob es un paso necesario para que la legisladora pueda continuar su labor de fiscalización sin temor a represalias.

Este caso se enmarca en un clima de tensión política en Oaxaca, donde organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han denunciado en repetidas ocasiones amenazas y violencia por parte de actores vinculados al poder estatal. Ejemplo de ello son los ataques dirigidos contra el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, que han documentado patrones de intimidación contra quienes critican al gobierno local. La situación evidencia los riesgos que enfrentan los funcionarios y activistas al ejercer su derecho a la libre expresión y a la fiscalización de los actos de gobierno.

La solicitud de protección de la diputada Cruz Jiménez pone de relieve la urgencia de fortalecer los mecanismos de seguridad para quienes denuncian corrupción y violencia institucional. En una democracia, la protección de los denunciantes es esencial para garantizar la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos. Las autoridades federales tienen ahora la responsabilidad de responder con celeridad a esta petición y de enviar un mensaje claro de que las amenazas contra legisladores no serán toleradas, mientras que el gobierno de Oaxaca deberá colaborar en las investigaciones para esclarecer los hechos y evitar que estos patrones de intimidación se sigan repitiendo en la región.