Los gobiernos de México y Estados Unidos cerraron de mutuo acuerdo el caso por presunta denegación de los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva en la empresa Amphenol Optimize México, S.A. de C.V., ubicada en Nogales, Sonora, en el marco del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en Instalaciones Específicas (MLRR) del T-MEC, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

De acuerdo con el Plan de Reparación acordado entre ambos gobiernos, Amphenol implementó una serie de acciones en coordinación con la STPS. Entre ellas, la reinstalación de nueve personas trabajadoras y la publicación y difusión de una carta de compromiso de neutralidad en asuntos sindicales, junto con un documento que establece lineamientos de conducta para todo el personal de la empresa.

El plan también incluyó la capacitación a todo el personal de Amphenol, tanto sindicalizable como de confianza, así como a directivos y supervisores, sobre el contenido de dichos documentos, los principios de neutralidad y la política de cero tolerancia ante la injerencia patronal. Además, la empresa implementó una política de tolerancia cero ante cualquier interferencia patronal y habilitó canales de denuncia anónimos, así como la publicación de los mecanismos de queja directa ante el Gobierno de México.

Como parte de los compromisos, directivos de Amphenol difundieron las obligaciones del Plan de Reparación y realizaron actos públicos de reconocimiento de las prácticas ilegales, en los que refrendaron su compromiso de garantizar un entorno neutral para el ejercicio de los derechos colectivos.

La STPS capacitó a todas las personas trabajadoras de Amphenol, tanto sindicalizables como de confianza, en materia de libertad de asociación y negociación colectiva. Por su parte, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) brindó capacitación sobre la conciliación prejudicial y supervisó los procesos de democracia sindical realizados en el centro de trabajo.

Tras el análisis conjunto sobre los avances alcanzados, ambos gobiernos concluyeron que las acciones implementadas fueron suficientes y acordaron el cierre exitoso del caso. La STPS señaló que con estas acciones el Gobierno de México refrenda su compromiso para asegurar el respeto y aplicación de los derechos colectivos de las personas trabajadoras de México.