La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, llamó a transformar el modelo económico para enfrentar la crisis climática, reducir las desigualdades y colocar la conservación y la restauración de los ecosistemas en el centro del desarrollo del país. Durante la conferencia magistral "Justicia climática y ambiental", impartida en la Universidad Iberoamericana, la funcionaria afirmó que "no puede haber justicia social sin justicia ambiental" y subrayó que la respuesta debe proteger a las comunidades más vulnerables.

En el marco de la Cuarta Sesión del Seminario Interinstitucional "La justicia constitucional de México frente a los desafíos de la transformación del país", convocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional de Administración Pública y la Universidad Iberoamericana, Bárcena Ibarra anunció que México prepara su Plan Nacional de Adaptación para presentarlo en la COP31. Explicó que este instrumento busca traducir el conocimiento científico en información accesible para que la población identifique los riesgos en sus municipios, conozca las posibles afectaciones sobre el agua, la temperatura y las actividades productivas, y participe en la construcción de soluciones. Señaló que se desarrolla una plataforma interactiva y georreferenciada que permitirá consultar información territorial y recibir aportaciones de la ciudadanía.

La titular de la Semarnat advirtió que los efectos del cambio climático profundizan las desigualdades: a escala internacional, los países en desarrollo enfrentan una alta vulnerabilidad pese a su menor contribución histórica a las emisiones; en México, las mayores afectaciones recaen sobre las comunidades en condiciones de pobreza. Por ello, destacó la responsabilidad de los países desarrollados de financiar una transición justa y contribuir a atender las pérdidas y los daños. Asimismo, enfatizó que "el cambio climático es un tema de seguridad nacional" por sus implicaciones para la disponibilidad de agua, la producción de alimentos, las zonas costeras y la infraestructura, y añadió que la adaptación requiere coordinación entre instituciones, sectores productivos, academia y comunidades, así como financiamiento para convertir la planeación en acciones concretas.

En materia de instrumentos económicos, Bárcena Ibarra planteó la necesidad de revisar y homologar los impuestos ambientales estatales para que su recaudación contribuya a resolver los problemas que justifican su cobro. Propuso trabajar con las entidades federativas para que esos recursos regresen al medio ambiente mediante acciones de conservación y restauración. También resaltó el pago por servicios ambientales como un mecanismo para reconocer el trabajo de ejidos y comunidades que protegen bosques y selvas, y explicó que conservar debe acompañarse de alternativas económicas y proyectos productivos que permitan a sus habitantes vivir dignamente y participar en la protección del patrimonio natural.

Respecto a la mitigación, recordó el compromiso de México de reducir 35% sus emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2030. Destacó el trabajo con los sectores para establecer metas concretas, avanzar hacia las energías renovables y la electromovilidad, e impulsar la economía circular para reducir residuos y emisiones de metano. En el ámbito de la conservación, resaltó la recuperación de 306 mil hectáreas de concesiones mineras en Áreas Naturales Protegidas y el compromiso de restaurar alrededor de 59 mil hectáreas en 76 sitios prioritarios, tanto terrestres como acuáticos.

Finalmente, la secretaria convocó a fortalecer la participación del Poder Judicial para garantizar el acceso efectivo a la justicia ambiental y destacó el Acuerdo de Escazú como una herramienta para asegurar los derechos a la información, la participación pública y la justicia, así como la protección de las personas defensoras del medio ambiente. La conferencia se realizó en la Ciudad de México, en el marco del seminario convocado por la SCJN, el INAP y la Universidad Iberoamericana.