El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el 20 de mayo de 2026 una acusación formal contra Raúl Castro, expresidente de Cuba, por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate ocurrido el 24 de febrero de 1996. El incidente, que tuvo lugar en aguas internacionales, causó la muerte de cuatro personas, entre ellas tres ciudadanos estadounidenses. La acusación fue radicada en la corte federal del Distrito Sur de Florida e incluye cargos de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos de homicidio y dos de destrucción de aeronaves.

En el momento del ataque, Raúl Castro se desempeñaba como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. La acusación también alcanza a otras cinco personas, entre ellas un piloto de combate cubano que habría participado en la operación. Los cargos se derivan del derribo de las aeronaves, que según informes de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fueron derribadas en espacio aéreo internacional, lo que ha sido considerado una violación del derecho internacional.

Familiares de las víctimas han calificado la acusación como un paso necesario hacia la justicia, aunque reconocen que llega con tres décadas de retraso. La organización Hermanos al Rescate, integrada por exiliados cubanos, realizaba misiones humanitarias y de rescate en el estrecho de Florida cuando sus avionetas fueron atacadas por cazas MiG-29 de la Fuerza Aérea Cubana. El caso ha sido un punto de tensión recurrente en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba.

La acusación se produce en un contexto de creciente presión de la administración del presidente Donald Trump contra el gobierno cubano. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha propuesto una nueva vía para Cuba que incluye reformas democráticas profundas, elecciones libres y el fin del control de las Fuerzas Armadas sobre el poder político y económico. La medida judicial contra Raúl Castro, de 94 años, forma parte de una estrategia más amplia para responsabilizar a líderes extranjeros por acciones que resultaron en la muerte de ciudadanos estadounidenses.

Este proceso judicial podría tener implicaciones significativas en la política interna de Cuba, donde Raúl Castro aún mantiene influencia, y en las relaciones diplomáticas entre ambos países. La acusación formal representa un esfuerzo renovado de Washington por buscar justicia para las víctimas del derribo de 1996, al tiempo que incrementa la presión sobre el régimen cubano. El caso será seguido de cerca por la comunidad internacional, dado su potencial para redefinir el vínculo bilateral y la política estadounidense hacia la isla.