El 23 de octubre de 2026, expertos de las Naciones Unidas reconocieron los esfuerzos del gobierno mexicano por la iniciativa de la Ley General contra el Feminicidio. Esta propuesta busca unificar la tipificación y sanción del feminicidio en todo el país, establecer protocolos de investigación uniformes y consolidar sistemas de información sobre violencia feminicida.

La comunicación fue firmada por Ivana Krstić, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, y Graeme Reid, experto independiente sobre violencia y discriminación por orientación sexual o identidad de género. Ambos destacaron la importancia de armonizar las diferencias normativas entre las entidades federativas para ofrecer una respuesta más coherente y efectiva en la lucha contra el feminicidio.

Además, los expertos subrayaron la necesidad de incluir una perspectiva interseccional en la ley, recomendando que se contemple explícitamente a las mujeres trans y a las trabajadoras sexuales dentro de las medidas de prevención, protección, investigación, sanción y reparación. Argumentaron que reconocer la identidad de género como una categoría protegida permitirá a las autoridades responder sin discriminación a las formas específicas de violencia que enfrentan estos grupos.

La iniciativa también propone la creación de registros especializados, incluyendo uno para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, con el objetivo de consolidar los sistemas de información sobre violencia feminicida. Los expertos enfatizaron que las familias de las víctimas deben contar con recursos efectivos y medidas de reparación integral, incluyendo acciones para evitar la repetición de violaciones similares.

Este reconocimiento y las recomendaciones de la ONU son relevantes en el contexto de la crisis de violencia de género que enfrenta México. Según datos oficiales, en 2025 se registraron más de 1,000 feminicidios en el país, evidenciando la urgencia de implementar medidas efectivas para prevenir y sancionar estos delitos. La iniciativa de Ley General contra el Feminicidio permanece en proceso de discusión legislativa y sus principales objetivos incluyen establecer criterios nacionales para investigar el feminicidio, mejorar la coordinación entre autoridades y reducir las diferencias existentes entre las entidades federativas.