Con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica y proteger el patrimonio de las familias quintanarroenses, la Secretaría de Gobierno y el Consejo de Notarios del Estado de Quintana Roo firmaron el Convenio de Coordinación y Cooperación para implementar el programa “Septiembre y Octubre, Meses del Testamento: SEGOB”, correspondiente al ejercicio fiscal 2026. El acto protocolario se realizó en Chetumal y refrenda el compromiso del Gobierno del Estado, que encabeza la gobernadora Mara Lezama Espinosa, de acercar servicios que garanticen certeza jurídica y faciliten a la ciudadanía la protección de su patrimonio mediante el otorgamiento de su testamento.

Durante el acto, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, destacó que este programa fortalece una política pública de bienestar al permitir que más personas accedan a este instrumento legal con costos accesibles y el acompañamiento de las y los notarios del estado. “Otorgar un testamento es un acto de amor y responsabilidad con nuestras familias. Con este programa damos certeza jurídica y tranquilidad a las y los quintanarroenses para proteger el patrimonio que han construido con esfuerzo”, expresó Cristina Torres.

Como parte del convenio, el Consejo de Notarios acordó establecer un honorario único de 3,000 pesos más IVA para la elaboración del testamento público abierto, beneficio dirigido a personas mexicanas residentes en Quintana Roo que otorguen su testamento ante cualquiera de las notarías públicas del estado. Asimismo, la Secretaría de Gobierno implementará estímulos fiscales a través de la campaña “Otorgo mi Testamento, Otorgo Seguridad Patrimonial”, con el fin de fomentar la cultura testamentaria y promover la certeza jurídica entre las familias.

El programa Mes del Testamento ha impulsado en todo el país la importancia de planificar la transmisión del patrimonio. En Quintana Roo, esta estrategia fue ampliada a septiembre y octubre, permitiendo que un mayor número de familias aproveche los estímulos fiscales y los costos preferenciales. El convenio tendrá vigencia a partir del 1 de septiembre y hasta la conclusión del programa en el mes de octubre de 2026. Con acciones como esta, el Gobierno de Quintana Roo continúa construyendo un estado más justo, donde la seguridad patrimonial y la certeza jurídica son herramientas para el bienestar y la tranquilidad de las familias.

Por parte del Consejo de Notarios participaron la presidenta Susana Verónica Ramírez Sandoval; la secretaria Jeannette de los Ángeles Rosado Novelo; el tesorero Elmer Arturo Paredes Quintana; el primer vocal Ricardo Vega Espinosa y la segunda vocal María Teresa Suárez Álvarez, quienes reiteraron su compromiso de colaborar en la difusión y aplicación del programa. Con esta firma, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de acercar servicios que garanticen certeza jurídica y faciliten a la ciudadanía la protección de su patrimonio.

La campaña “Otorgo mi Testamento, Otorgo Seguridad Patrimonial” busca promover la cultura de la certeza jurídica entre las familias quintanarroenses, destacando la importancia de dejar en orden los bienes y evitar conflictos futuros. El costo preferencial de 3 mil pesos más IVA por testamento público abierto se mantendrá durante septiembre y octubre, lo que representa un ahorro significativo para los interesados. Este esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Gobierno y el Consejo de Notarios del Estado de Quintana Roo permitirá que más personas accedan a este instrumento legal con acompañamiento profesional y tarifas accesibles.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa ha impulsado esta política pública como parte de una estrategia integral de bienestar social, reconociendo que la seguridad patrimonial es un pilar para el desarrollo de las familias. Con la ampliación del programa a dos meses, se espera una mayor participación de la ciudadanía, así como una reducción en los índices de intestados. Las notarías públicas del estado estarán listas para atender a los interesados desde el 1 de septiembre, con la certeza de que este convenio representa un avance significativo en la protección legal de las y los quintanarroenses.