El 11 de julio de 2026, autoridades de Tabasco ejecutaron el desalojo de 'La Antojería: Food Park', un conjunto de establecimientos gastronómicos ubicado en la avenida Paseo de La Choca, en el fraccionamiento Tabasco 2000. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) resguardaron el perímetro del inmueble desde las primeras horas del día, mientras los locatarios retiraban mercancía, mobiliario y equipo de sus negocios. La acción reveló que el terreno donde operaban formaba parte del patrimonio estatal, no de un particular como se creía.

Los comerciantes afectados denunciaron que, durante años, pagaron rentas a un individuo que se presentaba como propietario del predio, sin saber que este pertenecía al gobierno de Tabasco. Este presunto fraude ha generado indignación entre los locatarios, quienes exigen una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. El caso ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de quienes operan en terrenos cuya propiedad no está claramente definida.

El predio en cuestión también albergaba el antiguo Gimnasio La Choca, el cual fue vendido recientemente por la Secretaría de Finanzas a la empresa Interservicios de Tabasco S.A. de C.V. por 201 millones de pesos. Esta transacción ha añadido controversia al caso, ya que los comerciantes desalojados se sienten engañados y consideran que la venta del inmueble pudo estar relacionada con el esquema de arrendamiento fraudulento que afectó a decenas de personas.

El desalojo y el presunto fraude subrayan la necesidad de una mayor transparencia en la administración de bienes públicos. Autoridades estatales han señalado que se revisarán los contratos y pagos realizados para identificar a los responsables, mientras que los afectados han solicitado el apoyo del gobierno para recuperar las pérdidas económicas y reubicar sus negocios. La SSPC mantiene el resguardo del área para evitar nuevos incidentes.

Este caso resalta la importancia de que los ciudadanos verifiquen la propiedad de los terrenos donde establecen sus negocios, así como la urgencia de que las instituciones fortalezcan los mecanismos de supervisión sobre el uso de bienes del estado. La investigación en curso busca esclarecer si hubo complicidad de funcionarios públicos o si se trató de un engaño orquestado por particulares. Se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre las acciones legales emprendidas.