El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) advirtió que el asilo es un “beneficio discrecional” y que el gobierno “no está obligado a concederlo, aunque el extranjero cumpla con los requisitos de elegibilidad”, en una carta enviada a la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) a la que tuvo acceso la redacción de N+ Univision.

El documento, firmado por James H. Percival, asesor jurídico general del DHS, responde a los interrogantes surgidos a partir del 20 de enero del año pasado, cuando se implementó por segunda vez la política migratoria de “tolerancia cero”. Entre los afectados se encuentran millones de extranjeros con solicitudes de asilo pendientes, tanto afirmativas como defensivas.

La primera puesta en marcha de esa política ocurrió durante la primera administración del presidente Donald Trump, entre el 20 de enero de 2017 y el 20 de enero de 2021, y sus medidas fueron disueltas bajo el gobierno del presidente Joe Biden.

El argumento del retraso

“Nuestro sistema de tribunales de inmigración padece un enorme retraso acumulado. Para julio de 2026 había casi 3,5 millones de casos y 2,3 millones de solicitudes de asilo defensivas pendientes ante los tribunales de inmigración. Los procedimientos de expulsión a menudo tardan años en resolverse. Este retraso es injusto tanto para el extranjero como para el gobierno”, se lee en el informe.

El reporte agrega después una conclusión no atribuida, en la que asegura que “para la gran mayoría de los extranjeros, las solicitudes de asilo sin fundamento simplemente retrasan lo inevitable y permiten que el extranjero cree vínculos con una comunidad en la que tal vez no pueda permanecer legalmente”.

En cuanto a las peticiones con fundamento, Percival afirma que se trata de casos “poco frecuentes” de extranjeros “con una solicitud legítima”, pero que debido al atraso en la Corte de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) “este permanece en el limbo durante años esperando su turno detrás de millones de personas que se aprovechan de nuestro sistema de inmigración”.

Tampoco en esa segunda afirmación el documento revela cómo el DHS llegó a esas conclusiones, siendo que más de 2,3 millones de casos no han sido juzgados por jueces de inmigración y no hay evidencia de que hayan sido revisados por oficiales de asilo de inmigración como lo establece la ley. El informe tampoco explica por qué la Corte de Inmigración no adoptó medidas para destrabar la gigantesca acumulación, sobre todo la registrada durante el gobierno de Biden.

“Es imposible verificar las afirmaciones del DHS sin tener acceso a cada uno de los casos de asilo pendientes en la Corte de Inmigración”, dice José Guerrero, abogado de inmigración que ejerce en Miami, en el sur de Florida. “Ahora bien, sí puede que la persona haya tenido un evento que desató miedo y sintió amenazada su integridad, pero que no llegó a nivel de persecución. Sin embargo, el inmigrante debe tener la oportunidad de demostrarlo ante un juez o ante un agente de asilo”, agregó.

Guerrero señaló además que, con la puesta en duda de la mayoría de los casos acumulados en la EOIR, el gobierno “crea cierta confusión”, y apuntó que, si un juez niega una petición de asilo o un agente de asilo desestima el caso, “el inmigrante tiene 30 días para apelar la decisión”.

Los argumentos del gobierno

El DHS reitera en el informe enviado a AILA, asociación que cuenta con más de 17.000 miembros a nivel nacional, que el asilo “ofrece protección a los extranjeros que han huido de sus países debido a la persecución por parte del gobierno por motivos protegidos”. Para ser elegible, el extranjero debe expresar “que no puede o no quiere regresar a su país debido a persecución o a un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opinión política”, tal y como lo señala la ley.

Aun así, el DHS advierte que el otorgamiento de asilo es un beneficio “discrecional” y que el gobierno “no está obligado a concederlo, aunque el extranjero cumpla con los requisitos de elegibilidad”.

Sobre los criterios de elegibilidad, el reporte recalca que el extranjero “debe demostrar un temor fundado de persecución, lo que significa que existe una posibilidad razonable de persecución si el extranjero regresara a su país”. Ese temor “debe ser subjetivamente genuino, objetivamente razonable y basarse en uno de los motivos protegidos”.

Para que el temor sea objetivamente razonable, el solicitante debe aportar “pruebas creíbles, directas y específicas” que “demuestren que una persona razonable” temería igualmente la persecución. El documento advierte, no obstante, que la persecución es un concepto extremo que no abarca cualquier tipo de trato ofensivo.

“Implica más que situaciones desagradables, situaciones embarazosas, trato injusto o discriminación. Las dificultades económicas ordinarias, las disputas personales y las condiciones generales de agitación y malestar social no cumplen con los requisitos legales para obtener asilo. Asimismo, la persecución temida debe ser perpetrada por un agente estatal”, precisa el documento.

Mayor escrutinio para otorgar asilo

El informe precisa que, en la evaluación de circunstancias excepcionales, las acciones de un actor privado “pueden atribuirse al Estado cuando este no puede o no quiere controlar a dicho actor”. Sin embargo, apunta, “esto exige demostrar una situación extraordinaria, ya que los residentes de ciudades azotadas por la delincuencia, como Chicago, podrían alegar fácilmente que el gobierno carece de la voluntad o la capacidad para controlar a los actores privados”.

Llama la atención que el DHS mencione a los residentes de Chicago, Illinois, cuando las peticiones de asilo acumuladas en la EOIR corresponden a extranjeros que viajaron a Estados Unidos en busca de refugio procedentes de otros países con otro tipo de situaciones de violencia.

“Es preocupante que se hagan este tipo de afirmaciones. El debido proceso requiere que las peticiones de asilo, cuando hayan sido sometidas sin falta de documentación, deben incluir una cita con un oficial de asilo afirmativo (si el caso es presentado ante la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración) o que un juez de inmigración las revise”, en el caso de los asilos defensivos, dice Haim Vásquez, abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas.

“Desestimar casos sin tener esa audiencia daría mucho poder a los oficiales del DHS para desestimar. Creo que se trata de un ataque directo al debido proceso sin darle oportunidad a las personas de estar delante de un agente de asilo o ante un juez de inmigración para defender sus peticiones de asilo”, agregó.

El DHS se justifica en el documento señalando que “para cumplir con el riguroso criterio legal de que el gobierno es ‘incapaz o no tiene voluntad’ de controlar a un actor no estatal, el extranjero debe demostrar que el gobierno de su país ha incumplido fundamentalmente su deber básico de proteger a sus ciudadanos”. En esos casos, agrega, “se requiere que el extranjero pruebe que el gobierno toleró las acciones del actor privado o demostró una incapacidad absoluta para proteger a la víctima”, un criterio que eleva considerablemente los estándares de aprobación.

Violencia doméstica y de pandillas no califican

El documento también advierte que las afirmaciones sobre una actividad desenfrenada de pandillas o violencia doméstica “generalmente no cumplen con los requisitos para obtener asilo”. Y precisa que un gran número de solicitudes acumuladas en los tribunales de inmigración “incluye un gran número de solicitantes provenientes de países del hemisferio occidental”, de donde muchos han huido por dificultades económicas, inseguridad u otras condiciones adversas que “no constituyen fundamento para el asilo”.

“El asilo no está destinado a servir como panacea para cualquier condición indeseable de un país. Las tendencias recientes muestran que las personas que migran ilegalmente dentro del hemisferio occidental generalmente no lo hacen buscando un refugio seguro frente a la persecución, sino principalmente debido a diversos factores no humanitarios, incluidos los incentivos económicos y la información errónea sobre las políticas migratorias”, sostiene Percival.

Tras esa evaluación, el DHS se anticipa a las decisiones de jueces y agentes de asilo asegurando que las solicitudes provenientes de naciones del hemisferio occidental “a menudo se basan en un temor generalizado a la violencia de pandillas u otras actividades delictivas. Por lo general, estas solicitudes carecen de pruebas directas o específicas de participación gubernamental y, por consiguiente, no cumplen con los criterios legales para el asilo”.

“Pelear un caso de asilo como lo permite la ley y perderlo no significa fraude, sino navegar el debido proceso”, dice Jaime Barrón, abogado de inmigración que ejerce en Dallas.

“AILA consiste en miles de abogados y jueces en todo el país que actúan de buena fe, que actúan bajo el amparo y el respeto de la ley con evidencia real. Con estas afirmaciones el gobierno está haciendo un proceso de intimidación, lanzando una campaña de intimidación a los abogados que legítimamente representan clientes con casos de asilo pendientes en espera de sus audiencias para defender sus casos y sus derechos de permanencia en Estados Unidos”, agregó.

El DHS, sin embargo, insiste en que “de hecho, muchos de los casos de asilo sin fundamento que saturan nuestro sistema de inmigración fracasan desde el inicio porque el extranjero no logra establecer un vínculo entre el daño alegado y alguno de los motivos legales para el asilo”, otro señalamiento para el que tampoco aporta evidencias.

Reubicarse en otra zona del país

Otro análisis que el DHS incluyó en el reporte a AILA se relaciona con los temores fundados de persecución y si estos se circunscriben a una zona o ciudad determinada del país de origen del solicitante. “En otras palabras, si el extranjero puede reubicarse en una zona distinta de su país, su solicitud de asilo no será válida”, sentencia.

Y agrega otra conclusión: “Las solicitudes de asilo en las que el extranjero alega que no existe ningún lugar dentro de su país al que pueda trasladarse de manera segura generalmente carecen de fundamento, ya que no consideran todos los factores pertinentes y, por lo general, no están respaldadas por pruebas objetivas”.

“Esto no es nuevo”, dice Ezequiel Hernández, abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona. “Ya se ha mencionado antes cuando la persona huye y cruza por terceros países antes de llegar a Estados Unidos en busca de asilo”.

“Se trata de un argumento que utilizan para no otorgar asilo. Pero no necesariamente es nuevo, ahora están diciendo que la persona puede estar segura en un lugar distinto dentro de su propio país. Pero llama la atención, se trata de un informe para advertir a AILA y a sus miembros sobre los reclamos falsos cuando los abogados se basan en el derecho vigente para defender a sus clientes. Están armando argumentos sobre qué es asilo y de esa forma desestimar muchos casos. Preocupante”, precisó.

Al respecto, el DHS insiste en que los informes sobre los países “indican que la mayoría de las naciones del hemisferio Occidental son seguras en términos generales o cuentan con leyes que protegen a sus propios ciudadanos frente a daños”. Asegura además que “la presentación de una solicitud de asilo frívola suele hacer que el extranjero quede permanentemente inhabilitado para acceder a la mayoría de las formas de alivio migratorio y otros beneficios de inmigración”, y advierte a los abogados que presentan dichas solicitudes de que “están sujetos a sanciones. El Departamento emprenderá acciones enérgicas utilizando todos los recursos disponibles contra cualquier persona que incurra en esta conducta”.

Los abogados consultados por N+ Univision insisten en que el debido proceso garantiza una defensa apropiada y legítima de un caso de asilo, y en que una desestimación del caso no significa que se haya cometido un fraude o que se trate de un caso frívolo.