Guanajuato realiza el Primer Datatón sobre Discapacidad con 25 equipos universitarios

La titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Liz Alejandra Esparza Frausto, señaló que se trata de una acción transversal del Gobierno de la Gente para convertir información en decisiones públicas más justas. El datatón es organizado por esa dependencia, a través de la Subsecretaría para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, junto con el Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad. En el proyecto colaboran instituciones académicas, del sector salud y organizaciones de la sociedad civil.
Entre las instituciones participantes se encuentran el Tecnológico Nacional de México, Campus León y Celaya, la Universidad Politécnica de Guanajuato y el Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, entre otros. También se suman el CIMAT, la Universidad de Guanajuato, la Escuela Nacional de Estudios Superiores (UNAM), AMAI, CEMECE y el Movimiento de Personas con Discapacidad.
El datatón se apoya en el concepto de funcionamiento, según el cual la discapacidad no depende solo de la condición de salud, sino también del entorno. Como ejemplo, el boletín señala que una persona que usa silla de ruedas puede moverse con autonomía en una ciudad con banquetas y transporte accesibles, y enfrentar barreras en otra que no los tiene. Se alude así a los determinantes sociales de la salud: las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen.
Los equipos trabajan con datos del INEGI. El 22 de septiembre pasado, el instituto presentó resultados de la Encuesta Intercensal 2025, que actualiza la fotografía del país a la mitad del camino entre un censo y otro. Según esas cifras, en México viven 6.4 millones de personas con discapacidad, el 4.9% de la población, la misma proporción que en 2020. Además, 1.4 millones de personas (1.1%) reportaron algún problema o condición mental; por primera vez la encuesta identificó de qué tipo son, y el trastorno del espectro autista fue el más mencionado. Más de la mitad de las personas con discapacidad (53.9%) son mujeres, y la discapacidad se concentra en edades avanzadas.
El estado ya utiliza información para diseñar políticas inclusivas. Implementó un Certificado Electrónico de Discapacidad, un trámite que facilita acreditar esta condición y, al mismo tiempo, genera datos que ayudan a diseñar políticas incluyentes. Sobre esa información trabajan los equipos participantes.
El datatón plantea dos retos. El primero, determinantes sociales y brechas de inclusión, busca que los equipos encuentren relaciones entre las condiciones de salud, los factores sociales y las barreras para participar en la escuela, el trabajo y la vida social. La pregunta clave es qué factores limitan más la participación y cómo se pueden prevenir. El segundo, salud pública y funcionamiento: del dato a la inteligencia pública, consiste en analizar el potencial de la información del Certificado Electrónico de Discapacidad y qué indicadores y predicciones se pueden construir con ella.
La convocatoria invitó a formar equipos interdisciplinarios, con estudiantes de una misma área o de distintas disciplinas, pues se requiere tanto de estadística y programación como de sociología, demografía, economía, administración pública, diseño, comunicación y visualización de datos. Quienes participan reciben cuatro capacitaciones especializadas (discapacidad, ciencia de datos, estadística e inteligencia artificial), ponencias con especialistas, mentorías, una constancia de participación y la oportunidad de presentar sus resultados ante público especializado.
Cada equipo entregará una presentación ejecutiva y un documento final con introducción, objetivo, metodología, resultados y recomendaciones de política pública. Las propuestas serán valoradas por su innovación, su pertinencia frente a los objetivos del reto, la calidad del análisis de datos, su viabilidad técnica y operativa, y la claridad con que se comuniquen. Con este primer Datatón, la Secretaría de Derechos Humanos y el Instituto de Innovación buscan vincular el talento universitario, la tecnología y el análisis de información con problemas públicos concretos, para generar propuestas que puedan llegar directamente a quienes toman decisiones.
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