Los productores de aguacate no están obligados a solicitar el Certificado Laboral para la Agroexportación (CLA), ya que ese trámite corresponde exclusivamente a las empresas exportadoras, precisó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Michoacán. La dependencia estatal aclaró que la responsabilidad de gestionar el certificado recae en los exportadores, incluso cuando la empresa también participa en otras actividades de la cadena, como la producción o el empaque.

De acuerdo con los lineamientos del CLA dentro de la plataforma de Verificación Laboral para la Agroexportación (Velagro), los exportadores deben tramitar el certificado a través de ese sistema. La Sedeco señaló que esta obligación se mantiene aunque la empresa exportadora realice también labores de producción o empaque, pues el trámite está ligado a la actividad de exportación y no a la producción primaria.

En materia de seguridad social, la dependencia precisó que los productores con huertos de cinco hectáreas o menos que trabajan únicamente con integrantes de su familia, como esposa e hijos, no necesitan registrarse como patrones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), conforme a los criterios de orientación del programa. En cambio, si cuentan con trabajadores que no forman parte de su familia, deben cumplir con las obligaciones laborales y de seguridad social aplicables.

La Sedeco también indicó que los empaques pueden solicitar información para identificar las unidades de producción que integran su cadena de suministro, como el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), los datos de identificación de la huerta y su geolocalización. Esos requerimientos de información no significan que el productor deba tramitar el CLA, aclaró la dependencia.

La Secretaría de Desarrollo Económico, a través de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social y en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, brinda orientación al sector aguacatero sobre los procedimientos del programa y las responsabilidades de cada participante. El objetivo, según la dependencia, es dar certeza a los integrantes de la cadena agroexportadora sobre los trámites que corresponden a cada uno, facilitar la comercialización del fruto y promover el cumplimiento de las obligaciones laborales y la protección social de las personas trabajadoras del campo.