El Instituto Estatal de las Mujeres (IEMujeres) entregó al Congreso de Nuevo León una iniciativa de reforma a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado, con el fin de incorporar expresamente las Unidades de Igualdad de Género (UIG) como mecanismos institucionales permanentes en la función pública. La propuesta fue presentada por la presidenta ejecutiva del organismo, Patricia Salazar Marroquín, en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, en Monterrey.

De acuerdo con Salazar Marroquín, actualmente existen 100 UIG en la entidad: 60 en dependencias de la administración pública estatal, 30 en municipios y 10 en el ámbito educativo. La funcionaria señaló que el proceso avanza en los 21 municipios restantes y que se trabaja en más dependencias. Asimismo, indicó que en la presente administración gubernamental, encabezada por Samuel García Sepúlveda, se han instalado las UIG de 30 municipios, entre ellos Cerralvo, Aramberri, Salinas Victoria, China, Bravo y Zaragoza.

La iniciativa plantea adicionar un Capítulo Décimo Segundo a la ley, denominado "De las Unidades de Igualdad de Género", integrado por los artículos 57 Bis al 57 Bis 8. Con ello se busca establecer bases sobre su creación, integración, funcionamiento, atribuciones, programas de trabajo, capacitación, coordinación interna y seguimiento de resultados. El objetivo es que las UIG dejen de depender únicamente de acuerdos administrativos y cuenten con respaldo legal permanente.

La reforma también promueve que los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos constitucionalmente autónomos y los municipios establezcan o adecuen sus propios mecanismos de igualdad, respetando su autonomía, atribuciones, normativa y disponibilidad presupuestaria. Según el IEMujeres, la modificación busca fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en la planeación, los programas, las políticas públicas, los presupuestos y las acciones institucionales.

Entre los beneficios señalados por la dependencia, la iniciativa permitirá consolidar instituciones públicas más sensibles, responsables y eficaces frente a las brechas de desigualdad; fortalecer la prevención de prácticas discriminatorias; mejorar la atención a las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres; y avanzar hacia políticas públicas con enfoque de derechos humanos, no discriminación e igualdad de oportunidades.

"Con esta iniciativa buscamos que la igualdad entre mujeres y hombres sea una práctica institucional permanente, no una acción aislada. Dar rango legal a las Unidades de Igualdad de Género significa fortalecer al servicio público para que todas las decisiones, programas y acciones de gobierno incorporen la perspectiva de género y contribuyan a una sociedad más justa", declaró Salazar Marroquín durante la entrega.

El IEMujeres informó que contribuirá al impulso de las UIG en la Administración Pública Estatal mediante acciones de orientación, asesoría, capacitación y asistencia técnica. También promoverá el intercambio de experiencias y el seguimiento general de los avances, favoreciendo la colaboración institucional. La reforma se plantea bajo criterios de racionalidad administrativa y presupuestaria, privilegiando el aprovechamiento de las estructuras y recursos autorizados.

Durante su intervención, la presidenta ejecutiva del IEMujeres recordó que las unidades de género nacen como mandato de acuerdos de organizaciones internacionales y nacionales, y se fortalecen al ser incorporadas en los gobiernos estatales. Mencionó que el principio para lograr la igualdad de género se establece en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en 1979. La iniciativa ahora deberá ser analizada por el Congreso del Estado para su posible aprobación.