El gobierno de México ha mostrado su preocupación ante la propuesta de Estados Unidos de prohibir el uso de software y hardware chinos en vehículos que transiten en su territorio. La Secretaría de Economía señaló que esta restricción, impulsada por la administración de Joe Biden por motivos de seguridad nacional, podría tener un impacto económico significativo para la industria automotriz mexicana. Según el comunicado, la medida afectaría la cadena de suministro y encarecería los costos de producción, lo que podría poner en riesgo empleos directos e indirectos en México.

La prohibición, que se aplicaría a los modelos de vehículos a partir de 2027 en el caso del software y de 2029 para el hardware, ha generado inquietud entre los fabricantes de automóviles y compañías tecnológicas. Organizaciones como la Alliance for Automotive Innovation, que agrupa a fabricantes importantes como General Motors, Toyota y Volkswagen, han solicitado al gobierno estadounidense que considere ajustes y una prórroga en los plazos para implementar la norma. La medida también afectaría a vehículos ensamblados en México que incluyan componentes de origen chino, lo que plantea un desafío para las empresas que dependen de estos insumos.

México también advirtió que la propuesta podría ser una violación de las normas de libre comercio en América del Norte, especialmente en lo que respecta al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La Secretaría de Economía indicó que la restricción podría obligar a las empresas a buscar nuevos proveedores, lo cual no sólo incrementaría los costos de producción, sino que también podría llevar a una reorganización de las cadenas de suministro establecidas. Esto, en última instancia, podría desincentivar la inversión en el sector automotriz en México.

Además de las inquietudes del gobierno mexicano, diversas organizaciones de fabricantes de automóviles y la Consumer Technology Association de Estados Unidos solicitaron al Departamento de Comercio estadounidense que amplíe los plazos de implementación de la norma. La petición sugiere que los plazos actuales no permiten el tiempo necesario para que las empresas realicen las pruebas, validaciones y ajustes contractuales requeridos. Sin una extensión de estos plazos, advirtieron que la implementación apresurada podría perjudicar a la industria.

El Departamento de Comercio planea finalizar la propuesta antes de enero de 2025, mientras la medida excluye vehículos agrícolas, mineros, drones y trenes. Esta norma de seguridad impactaría a todos los vehículos en vías públicas en Estados Unidos y representa una de las restricciones más estrictas hacia componentes chinos en la industria automotriz. Ante esto, México se mantiene atento para defender los intereses de su industria automotriz y evitar afectaciones en una de las áreas clave de su economía.