_ Las propuestas están encaminadas al fortalecimiento de una sociedad más justa en materia de seguridad, educación, perspectiva de género, salud y laboralPlantean también garantizar el derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción
Las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México presentaron iniciativas –que después de dictaminarse- se enviarían ante el Congreso de la Unión, para establecer en el Sistema Educativo Nacional la formación y aprendizaje de los alumnos en materia de perspectiva de género y nuevas masculinidades; que las personas puedan solicitar créditos acordes a sus posibilidades económicas para cubrir el pago de sus tratamientos, de sus cónyuges o familiares.
Asimismo, se busca tipificar en el Código Penal federal la violencia institucional en contra de las mujeres, dentro del apartado de delitos cometidos por las personas servidoras públicas; y crear protocolos de seguridad dentro y fuera de los inmuebles educativos de la Ciudad de México, así como reformar la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación laboral, y garantizar el derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción.
La diputada Valentina Batres Guadarrama, de MORENA, presentó una iniciativa por el que se busca que el Congreso de la Unión realice diversas reformas a la Ley General de Educación, y la Ley Reglamentaria del artículo 3 de la Constitución Política federal, en materia de mejora continua de la educación.
Indicó que la propuesta busca que se integre en el Sistema Educativo Nacional, la formación, actualización y aprendizaje de los alumnos en materia de perspectiva de género, a fin de fomentar la igualdad sustantiva y la construcción de nuevas masculinidades desde la primera infancia, ello a fin de crear una sociedad más justa e igualitaria.
Durante la sesión ordinaria de este martes, el diputado Armando Tonatiuh González Case, del PRI, presentó un proyecto de iniciativa para adicionar la Constitución Política de la Ciudad de México, en materia del derecho a la educación de las niñas y niños de la capital.
Detalló que lo que se busca es establecer la obligación de las autoridades educativas locales para impulsar la creación de mecanismos de coordinación con las instituciones de seguridad ciudadana de competencia federal, local, o de los municipios conurbados de la Zona Metropolitana del Valle de México, para crear protocolos de seguridad dentro y fuera de los inmuebles educativos.
También, el diputado Fernando Aboitiz Saro, de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social, presentó un proyecto de iniciativa que busca proponer ante el Congreso de la Unión una reforma al artículo 36 de la Ley General de Salud.
Detalló que con este proyecto de reforma se busca establecer a nivel federal, el derecho de los usuarios de los servicios médicos de solicitar un crédito con un interés acorde a sus posibilidades económicas para cubrir el pago de sus tratamientos, los de su cónyuge, o sus parientes por consanguinidad, hasta el segundo grado, mismo que será proporcionado por la institución que designe la Secretaría de Salud.
Más adelante, la congresista Leonor Gómez Otegui, del PT, presentó una iniciativa para proponer ante la Cámara de Diputados reformar el Código Penal Federal en materia de violencia institucional contra las mujeres.
Lo que se busca, dijo, es tipificar dentro de los delitos cometidos por las personas servidoras públicas, la violencia institucional.
En tanto, el diputado, Miguel Ángel Álvarez Melo, propuso otorgar a los titulares de los órganos jurisdiccionales las facultades de emitir resoluciones judiciales con perspectiva de género, a efecto de que la misma sea incluida en la legislación única en materia procesal civil y familiar que deberá expedir el Congreso de la Unión.
El congresista Carlos Castillo Pérez presentó una adición a la Constitución Política local para garantizar el derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción.
Precisó que la corrupción genera muertes, pobreza, desigualdad, inequidad, abre brechas sociales, económicas, tecnológicas y la transformación nacional invariablemente conlleva una ruptura del paradigma que persistió, en el que se fomentó la misma y la consecuente impunidad como forma de ejercer el servicio público.
