El coordinador general de Gabinete de Puebla, José Luis García Parra, afirmó que la revisión de contrataciones electorales por aproximadamente 2 mil 740.3 millones de pesos, presuntamente vinculadas con una red empresarial que habría operado durante 27 años, es un asunto de interés nacional que requiere investigación, transparencia y rendición de cuentas. En ese contexto, el gobernador Alejandro Armenta Mier expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien instruyó esclarecer los hechos y establecer condiciones de certeza para los comicios de 2027.

De acuerdo con la información expuesta por la secretaria federal de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, se identificaron al menos seis empresas relacionadas con una misma estructura de proveedores que habrían participado en procedimientos de contratación de organismos electorales. García Parra destacó que los antecedentes se remontan a 1999, incluyen un escándalo contractual de 63.7 millones de pesos en el Estado de México en 2005 y muestran adjudicaciones por más de 2 mil 94 millones entre 2015 y 2023, además de poco más de 646 millones durante 2024 y 2025. También precisó que la designación de Guadalupe Taddei como consejera electoral de Sonora ocurrió en 2014, durante la presidencia de Lorenzo Córdova en el Instituto Nacional Electoral (INE), mientras que su llegada a la presidencia nacional del organismo, en 2023, se realizó mediante insaculación.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la revisión permitió identificar el desarrollo histórico de este grupo empresarial y sus relaciones con organismos electorales. Asimismo, confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera inició acciones para inmovilizar algunas cuentas, derivadas de denuncias de la Auditoría Superior de la Federación. García Parra señaló que la investigación debe alcanzar a todos los involucrados y esclarecer los mecanismos de contratación, sin anticipar responsabilidades ni vulnerar la autonomía del INE y de los organismos públicos locales electorales. En el caso de Puebla, informó que se identificaron contratos por 49.4 millones de pesos entre 2014 y 2023, y 129.7 millones en 2024 y 2025, por lo que el Gobierno Estatal respalda su revisión integral por parte de las autoridades fiscalizadoras.

Como parte de las medidas para fortalecer la certeza electoral, el Gobierno de México contempla mecanismos de supervisión ampliada, participación académica, revisión de procedimientos de contratación, incorporación de más proveedores nacionales y fortalecimiento de los Talleres Gráficos para producir materiales electorales con mayor participación del Estado mexicano.

El Gobierno de Puebla colaborará para que la elección del 6 de junio de 2027 se desarrolle con legalidad, confianza y respeto a la voluntad popular. A nivel estatal, la administración de Alejandro Armenta Mier mantiene una política de transparencia y combate a la corrupción que ha derivado en la separación de 315 personas del servicio público por irregularidades.

Por su parte, el secretario de Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio, destacó que en Puebla se fortalecen los mecanismos de control y transparencia mediante la digitalización de los trámites de registro de proveedores, lo que elimina el contacto directo y reduce posibles espacios de discrecionalidad o favoritismo. Explicó que este procedimiento permite verificar que las empresas participantes acrediten capacidad técnica, financiera y cumplimiento de los requisitos legales; además, los órganos internos de control acompañan permanentemente los procesos de licitación para vigilar su desarrollo y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Como resultado de las acciones de transparencia y buen gobierno, informó que 315 funcionarios han sido destituidos de la administración estatal.