La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, de enero a junio de este año, impuso sanciones a 226 personas servidoras públicas del Gobierno Federal con cargos de nivel mando, por corromper el ejercicio de la función pública. Las medidas van desde amonestaciones públicas y privadas hasta destituciones, y se derivan de faltas administrativas no graves cometidas durante el periodo señalado, según detalló la dependencia en un comunicado emitido este 9 de agosto.

De acuerdo con el reporte oficial, las faltas no graves en las que incurrieron los servidores públicos fueron: incumplimiento de las funciones encomendadas (242 casos), abuso del cargo (9 casos) y abuso de funciones relacionadas con acoso y hostigamiento sexual o laboral (1 caso). Cabe precisar que el número total de faltas supera al de personas sancionadas, lo que implica que algunos servidores acumularon más de una falta administrativa durante el semestre.

En cuanto a las sanciones aplicadas, se registraron 149 suspensiones, 55 inhabilitaciones, 43 amonestaciones públicas o privadas y 5 destituciones. Los 226 sancionados ocupaban cargos de distinta jerarquía dentro de la administración pública federal: 130 se desempeñaban como jefaturas de departamento, 45 como direcciones de área, 33 como subdirecciones, 10 como titulares de unidad y 8 como direcciones generales. Esta distribución muestra que las faltas administrativas no graves se concentraron principalmente en mandos medios y operativos.

Adicionalmente, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno precisó que, por tratarse de faltas graves, 416 expedientes fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para su resolución, en cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La dependencia subrayó que las medidas se emitieron conforme a la ley, considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de cada falta, por lo que una misma persona puede recibir más de una sanción. Asimismo, los sancionados tienen derecho a impugnar la resolución; en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá con firmeza la pena ante las instancias correspondientes, consolidando así su compromiso con la integridad en el servicio público y el fortalecimiento del combate a la impunidad.