Suprema Corte firma convenio histórico para fortalecer la justicia agraria en México
_ La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado un paso decisivo para robustecer el sistema de justicia agraria en el país mediante la firma de un convenio interinstitucional con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional (RAN). Este acuerdo, firmado el pasado 10 de abril, tiene como objetivo central garantizar la defensa de la propiedad social, reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, y proteger el territorio y el medio ambiente, marcando un hito en la articulación institucional para atender las demandas históricas del campo mexicano.
Durante la ceremonia de firma, la ministra Lenia Batres Guadarrama subrayó que la justicia agraria constituye un 'imperativo vigente' ante las múltiples presiones que enfrentan la propiedad social y los sujetos agrarios. Batres Guadarrama destacó que más de cinco millones de personas requieren un sistema de justicia accesible, eficaz y articulado, lo que hace indispensable esta colaboración interinstitucional para brindar respuestas concretas a conflictos que involucran tierras, recursos naturales y derechos colectivos.
Por su parte, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra enfatizó que la protección de los derechos agrarios implica brindar certeza jurídica a los titulares de la propiedad social. Herrerías Guerra señaló que la SCJN tiene la obligación de interpretar el artículo 27 constitucional a la luz de su origen social, reforzando así el deber del Estado de amparar a las comunidades agrarias e indígenas, cuyos derechos han sido históricamente vulnerados.
La relevancia de este convenio radica en su potencial para mejorar sustancialmente los procesos de resolución de disputas campesinas, beneficiando directamente a más de 5.5 millones de titulares agrarios y a las 32,500 ejidos y comunidades registrados en todo el territorio nacional. La colaboración estratégica busca no solo agilizar trámites, sino también sentar bases jurídicas más sólidas que prevengan conflictos y promuevan el desarrollo sostenible en las zonas rurales.
Este movimiento de la SCJN se enmarca en un contexto donde el máximo tribunal ha emitido fallos de gran impacto, como el reciente que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelar cuentas sin orden judicial, defendido públicamente por la presidenta Claudia Sheinbaum. La firma del convenio agrario refuerza el papel activo de la Corte en la construcción de un andamiaje jurídico que responda a las complejidades sociales y económicas del México contemporáneo, priorizando la justicia social y la protección de los derechos colectivos.
Durante la ceremonia de firma, la ministra Lenia Batres Guadarrama subrayó que la justicia agraria constituye un 'imperativo vigente' ante las múltiples presiones que enfrentan la propiedad social y los sujetos agrarios. Batres Guadarrama destacó que más de cinco millones de personas requieren un sistema de justicia accesible, eficaz y articulado, lo que hace indispensable esta colaboración interinstitucional para brindar respuestas concretas a conflictos que involucran tierras, recursos naturales y derechos colectivos.
Por su parte, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra enfatizó que la protección de los derechos agrarios implica brindar certeza jurídica a los titulares de la propiedad social. Herrerías Guerra señaló que la SCJN tiene la obligación de interpretar el artículo 27 constitucional a la luz de su origen social, reforzando así el deber del Estado de amparar a las comunidades agrarias e indígenas, cuyos derechos han sido históricamente vulnerados.
La relevancia de este convenio radica en su potencial para mejorar sustancialmente los procesos de resolución de disputas campesinas, beneficiando directamente a más de 5.5 millones de titulares agrarios y a las 32,500 ejidos y comunidades registrados en todo el territorio nacional. La colaboración estratégica busca no solo agilizar trámites, sino también sentar bases jurídicas más sólidas que prevengan conflictos y promuevan el desarrollo sostenible en las zonas rurales.
Este movimiento de la SCJN se enmarca en un contexto donde el máximo tribunal ha emitido fallos de gran impacto, como el reciente que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelar cuentas sin orden judicial, defendido públicamente por la presidenta Claudia Sheinbaum. La firma del convenio agrario refuerza el papel activo de la Corte en la construcción de un andamiaje jurídico que responda a las complejidades sociales y económicas del México contemporáneo, priorizando la justicia social y la protección de los derechos colectivos.
