La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), por medio de la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF), informó que extenderá hasta el 31 de julio de 2025 el periodo para que los autotransportistas cumplan con la verificación obligatoria de emisiones contaminantes y de condiciones físico-mecánicas de sus unidades. Esta decisión busca facilitar el cumplimiento normativo ante la alta demanda registrada durante los primeros meses del año.

Con esta nueva disposición, los permisionarios podrán realizar la primera verificación de emisiones contaminantes dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025. La segunda verificación, en tanto, deberá efectuarse entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del mismo año, sin cambios en su calendario. En lo que respecta a las condiciones físico-mecánicas, el periodo de verificación para los vehículos con placas terminadas en dígitos 5, 6, 7 u 8 también se prorroga hasta el 31 de julio de 2025, conforme a la Norma Oficial NOM-068-SCT-2-2014.

Además, la SICT anunció una simplificación administrativa para el sector autotransporte, la cual incluye la fusión de homoclaves, la actualización de 11 requisitos de trámites y la eliminación de uno relacionado con la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, específicamente el “Aviso de informe de evaluación de la capacitación”. Estas medidas buscan agilizar procesos, reducir carga documental y beneficiar a los transportistas que circulan por las carreteras federales del país.

Las modificaciones regulatorias fueron presentadas por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) y entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con excepción de la simplificación administrativa, que será efectiva cinco días hábiles después de su publicación.

La SICT, encabezada por Jesús Antonio Esteva Medina, reiteró su compromiso con el fortalecimiento del transporte federal, combinando medidas ambientales con una política de mejora regulatoria que facilite el cumplimiento normativo sin comprometer la seguridad vial ni la protección ambiental.