Vinculan a proceso a dos exservidores públicos por enriquecimiento ilícito; sancionan a otros dos con inhabilitaciones de hasta 20 años
_ La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó este jueves que, derivado de investigaciones administrativas, dos exservidores públicos fueron vinculados a proceso por el delito de enriquecimiento ilícito, mientras que otras dos personas fueron sancionadas con inhabilitaciones de hasta 20 años por faltas administrativas graves.
De acuerdo con el comunicado oficial, una primera investigación se centró en la evolución patrimonial de un exfuncionario adscrito al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE). Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de abril de 2017, se detectó un incremento injustificable en su patrimonio por un monto de 7 millones 268 mil 750 pesos. Tras la denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), un juez de Control con sede en Ensenada resolvió vincular a proceso al exsubdirector Ramón “N” por el delito de enriquecimiento ilícito.
En un segundo caso, una investigación administrativa sobre el patrimonio de un exservidor público del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reveló un incremento injustificable de 6 millones 500 mil 496 pesos, ocurrido entre el 1 de enero de 2010 y el 15 de mayo de 2017. La denuncia correspondiente fue presentada ante la FGR, y un Juez de Control en la Ciudad de México vinculó a proceso a Armando “N”, quien se desempeñaba como jefe de departamento en el IMSS, también por enriquecimiento ilícito. Como medida cautelar, se le impuso la presentación periódica ante la unidad responsable.
La dependencia reiteró su compromiso con el debido proceso y subrayó que las personas vinculadas mantienen su presunción de inocencia conforme a la legislación aplicable. “En este sentido, se conducirá el proceso con estricto apego a la ley, aportando los elementos y pruebas que resulten pertinentes”, señaló el comunicado.
Además de los procesos penales, la Unidad de Combate a la Impunidad de la Secretaría acreditó que dos servidores públicos del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec) incurrieron en faltas administrativas graves, al abusar de sus funciones y realizar actos para la asignación irregular de recursos financieros. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso a Carlos R., gerente de Consultoría de Negocio, una inhabilitación por 20 años y una sanción económica de 10 millones 909 mil 784 pesos. A Hilda M., directora adjunta de Administración, se le aplicó una inhabilitación por 10 años y la misma multa económica.
La Secretaría recordó que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones, pero advirtió que “esta Secretaría defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron investigados los casos”. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar actos de corrupción a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, disponible en denuncias.gob.mx, al considerar que “denunciar cuando se es testigo de un acto de corrupción no solo es un derecho, sino también un deber cívico para proteger los recursos públicos”.
Finalmente, la dependencia enfatizó que “quien se corrompe en el ejercicio de una función pública traiciona la confianza del pueblo y debe enfrentar las consecuencias”, y reiteró su compromiso de actuar con firmeza para fortalecer una cultura de honestidad y cero impunidad en el servicio público.
De acuerdo con el comunicado oficial, una primera investigación se centró en la evolución patrimonial de un exfuncionario adscrito al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE). Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de abril de 2017, se detectó un incremento injustificable en su patrimonio por un monto de 7 millones 268 mil 750 pesos. Tras la denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), un juez de Control con sede en Ensenada resolvió vincular a proceso al exsubdirector Ramón “N” por el delito de enriquecimiento ilícito.
En un segundo caso, una investigación administrativa sobre el patrimonio de un exservidor público del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reveló un incremento injustificable de 6 millones 500 mil 496 pesos, ocurrido entre el 1 de enero de 2010 y el 15 de mayo de 2017. La denuncia correspondiente fue presentada ante la FGR, y un Juez de Control en la Ciudad de México vinculó a proceso a Armando “N”, quien se desempeñaba como jefe de departamento en el IMSS, también por enriquecimiento ilícito. Como medida cautelar, se le impuso la presentación periódica ante la unidad responsable.
La dependencia reiteró su compromiso con el debido proceso y subrayó que las personas vinculadas mantienen su presunción de inocencia conforme a la legislación aplicable. “En este sentido, se conducirá el proceso con estricto apego a la ley, aportando los elementos y pruebas que resulten pertinentes”, señaló el comunicado.
Además de los procesos penales, la Unidad de Combate a la Impunidad de la Secretaría acreditó que dos servidores públicos del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec) incurrieron en faltas administrativas graves, al abusar de sus funciones y realizar actos para la asignación irregular de recursos financieros. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso a Carlos R., gerente de Consultoría de Negocio, una inhabilitación por 20 años y una sanción económica de 10 millones 909 mil 784 pesos. A Hilda M., directora adjunta de Administración, se le aplicó una inhabilitación por 10 años y la misma multa económica.
La Secretaría recordó que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones, pero advirtió que “esta Secretaría defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron investigados los casos”. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar actos de corrupción a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, disponible en denuncias.gob.mx, al considerar que “denunciar cuando se es testigo de un acto de corrupción no solo es un derecho, sino también un deber cívico para proteger los recursos públicos”.
Finalmente, la dependencia enfatizó que “quien se corrompe en el ejercicio de una función pública traiciona la confianza del pueblo y debe enfrentar las consecuencias”, y reiteró su compromiso de actuar con firmeza para fortalecer una cultura de honestidad y cero impunidad en el servicio público.
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