Estados por: Equipo de redacción FORMAL PRISIÓN A PROBABLES TRATANTES DE PERSONAS 2014-06-26

Pruebas aportadas por la PGJDF acreditaron su probable responsabilidad

Operaban en dos establecimientos ubicados en la delegación Benito Juárez

Juez de primera instancia les dictó auto de formal prisión


La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal fue notificada, en dos resoluciones diferentes, del auto de formal prisión dictado contra cinco personas señaladas por las víctimas de explotarlas en establecimientos, localizados en el perímetro de la delegación Benito Juárez.

A través del Ministerio Público, la Subprocuraduría de Procesos conoció de la resolución emitida contra Martín López Venegas, David Mendoza Figueroa, Rubén Rodríguez Morales y Miriam Caltzonci Vázquez, acusados del delito de trata de personas agravada.

Por lo anterior, el Juez 40 Penal, del Reclusorio Preventivo Norte, les dictó auto de plazo constitucional, bajo la causa penal 127/2014.

En tanto, Julio César Espinoza Leal fue declarado formalmente preso por el Juez 41 Penal, del mencionado centro de reclusión y el mismo delito, bajo la causa penal 129/2014. Los cinco acusados enfrentarán procedimiento de tipo sumario.



ANTECEDENTES

Consta en el expediente que los sujetos presuntamente explotaban a las víctimas mediante la realización de bailes eróticos semidesnudas en privado con clientes.

La mecánica de explotación consistía en realizar también servicio de ficheo y copeo con los clientes y del dinero obtenido por estas acciones, el 80 por ciento era para el establecimiento y el resto para las víctimas.

Asimismo, se estableció que los encargados de los lugares imponían a las mujeres una serie de castigos económicos, consistentes en entregarles menos dinero si no cuidaban su aspecto físico o subían de peso, entre otros.

La presente información se emite en términos del artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.

Los presentados tienen el carácter de probables responsables, que no implica responsabilidad penal hasta que, en su caso, lo determine la autoridad jurisdiccional.