En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Ciudad de México se convirtió en la primera entidad del país en la que las personas preliberadas podrán tramitar su credencial de elector ante el Instituto Nacional Electoral (INE), gracias a un acuerdo con el Instituto de Reinserción Social (IRS), dependiente de la Secretaría de Gobierno capitalina.

Antes, la autoridad judicial establecía que quienes obtenían el beneficio de la libertad anticipada, permanecían con sus derechos políticos suspendidos, por lo que no podían contar con este documento de identidad, lo que les impedía incorporarse al empleo formal, programas de gobierno o programas educativos.

“Esta situación agranda la brecha de exclusión social y discriminación que viven las personas preliberadas, poniéndolas en una situación de desventaja respecto al resto de la población liberada, al hacer más difícil el acceso a otro tipo de derechos, como la identidad, educación, trabajo, sano esparcimiento, entre otros”, señaló la directora del IRS, Paola Zavala, durante la conferencia que presidió la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado Castro, para anunciar este avance.

Mercado Castro explicó que esta política se inscribe en las coordenadas que guían la actuación del Sistema Penitenciario: menos cárcel –no para aquellos que sí tienen responsabilidad, sino para quienes han sido olvidados por no contar con acceso a un abogado o a la revisión de su expediente—, mejores condiciones y derecho al porvenir.

En los primeros dos rubros se inscriben acciones como la inversión, este año, de 6 millones de pesos para poner al día los expedientes –e incluso contar con una alerta que indique el momento de revisar la situación de las y los internos— y la rehabilitación, después de 60 años, de las condiciones de infraestructura de la Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes de San Fernando, a la que se destinan 45 millones de pesos.

La posibilidad de que las personas preliberadas obtengan su INE corresponde al tercero: el derecho al porvenir o a un buen retorno.

“Me parece muy importante esto que el Instituto de la Reinserción, en un trabajo conjunto con organizaciones, centros de conocimiento y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), nos diera esta luz para lograr el acuerdo con el INE. Como siempre, la Ciudad de México va un paso adelante en la garantía de derechos y libertades, y puede poner el ejemplo para el resto del país”, aseguró Mercado Castro.

La Tercera Visitadora General de la CNDH, Ruth Villanueva, quien acompañó a las autoridades capitalinas, destacó la importancia de que en el resto de las entidades del país se trabaje en el mismo sentido, y que el INE garantice que toda la población preliberada pueda tramitar su credencial de elector.

Víctor Hugo Lazcano e Ignacio Romo Yáñez, usuarios del IRS, compartieron su testimonio acerca del valor de este derecho. El primero señaló que al momento de ser preliberados sin identificación oficial, se han enfrentado a complicaciones para acceder a una renta, empleo o incluso a una biblioteca.

“Realizar cualquier trámite, andar por la calle… simplemente no se puede. El no contar con este documento me ponía en una situación vulnerable. Literalmente me cambió la vida el tener hoy mi credencial de elector”, añadió Romo Yáñez.

A la conferencia también asistió Miguel Sarre, académico e investigador del ITAM, quien calificó la medida como un paso histórico para la plena recuperación de la identidad y el sentido de pertenencia, pues es fundamental que las personas preliberadas cuenten con los medios necesarios para el ejercicio de sus derechos, lo cual contribuye a su reinserción social.

La secretaria de Gobierno de la CDMX agregó que después de este importante paso, seguirá otra discusión central donde existen diferentes posturas: la no pérdida de los derechos políticos para las personas en reclusión.

Este año, el IRS ha atendido a mil 184 personas que compurgaron su sentencia, y mil 179 que recibieron una preliberación.