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En la ciudad residen 481 mil personas con algún tipo de discapacidad, muchas de ellas viven en condiciones de desventaja.
Los diputados modificaron la denominación de la norma en la materia para avanzar en la construcción de una ciudad incluyente.
El Congreso local aprobó modificar la denominación de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México y fortalecer los principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos; la igualdad y la no discriminación, con el propósito de avanzar en la construcción de una ciudad incluyente.
A decir de la diputada Jannete Guerrero Maya, del Partido del Trabajo, en la Ciudad de México residen 481 mil personas con algún tipo de discapacidad, muchas de ellas viven en condiciones de desventaja. “Estamos hablando de miles de personas que viven con algún tipo de discriminación para ejercer sus derechos”, señaló.
“Los discapacitados pertenecen a grupos de atención prioritaria; sin embargo, hay 524 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos local, esto debería indignarnos. Cuando subimos a Tribuna o dictaminamos, llevamos la responsabilidad de escuchar a los ciudadanos y debemos encontrar soluciones”, indicó.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Temístocles Villanueva, presentó el dictamen analizado y discutido, mediante el cual se refrenda la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
La normatividad resalta que las alcaldías, en los ámbitos de su competencia, deberán coordinarse con las dependencias y entidades para otorgar una mejor prestación de los servicios en favor de las personas con discapacidad.
Esta Ley señala que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México deberá elaborar y ejecutar un programa especializado en el seguimiento y protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad.
Además, establece que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación procurará la atención, en condiciones adecuadas, de los alumnos con discapacidad que ingresen a las escuelas inclusivas; debiendo para ello, en caso de que sea necesario, realizar los ajustes razonables para utilizar personal especializado, de conformidad con el principio de progresividad.
Incluso, es obligación de todas las autoridades de la Administración Pública Local incorporar a las personas con discapacidad en las distintas instancias, incluyendo las alcaldías.
