Con la convocatoria a los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas a informarse y llegar a un acuerdo sobre los derechos que les competen en la Constitución de la capital del país, la Ciudad de México se coloca a la vanguardia y cumple con diversos ordenamientos nacionales e internacionales.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 133 establece el mecanismo de integración de los tratados internacionales al orden jurídico nacional.
Por tal motivo, con la convocatoria a la consulta indígena que se realiza en la capital del país, se da cumplimiento a las siguientes normas internacionales.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que en su artículo 19, señala que: “los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados, por medio de sus instituciones representativas, antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento libre, previo e informado”.

Asimismo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en su artículo 6, numeral 1, inciso a), establece que los gobiernos deberán “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”, y en su numeral 2 señala que “las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce, en los párrafos primero y tercero de su artículo 1º, los Derechos Humanos contenidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección y establece la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Como es de dominio público, las etapas de la consulta son las siguientes:

Convocatoria y preparatoria Hasta el 6 de enero de 2017
Fase informativa Hasta el 8 de enero de 2017
Fase deliberativa 9 al 15 de enero de 2017
Fase de recepción de actas y diálogo 10 al 16 de enero de 2017
Sistematización de los resultados 11 al 19 de enero de 2017
Entrega de dictamen 20 de enero de 2017