El Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) y la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México (SEPI) celebraron la firma de un convenio de colaboración con el que se formularán y ejecutarán trabajos que coadyuven en el desarrollo integral e intercultural de los pueblos y barrios originarios, así como de las comunidades indígenas de la Ciudad de México, con perspectiva de derechos humanos y género.

El Magistrado Presidente del TECDMX, Gustavo Anzaldo Hernández, afirmó que este Convenio se inscribe en una política institucional de acercamiento con las diversas autoridades, para el desarrollo de actividades, pues “estamos convencidos que la suma de esfuerzos permite aprovechar de mejor manera los recursos con que contamos las instituciones, para beneficio de la ciudadanía”.

Asimismo, consideró que, desde el punto de vista jurisdiccional, es importante que tanto la SEPI como el TECDMX intercambien información sobre las acciones que realizan, ya que de esta forma se podrá saber cuál es la óptica del gobierno sobre las comunidades indígenas y, desde el Tribunal, poder aportar respecto de las reglas en los medios de impugnación que se presentan.

“De cara al proceso electoral del año 2020-2021, tenemos un nuevo desafío: esta ciudad deberá contar con una nueva normativa en donde se establezcan los mecanismos político-electorales específicos, relacionados con el acceso a cargos de elección popular de las personas integrantes de los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México”, concluyó el Magistrado Anzaldo Hernández.

Entre los compromisos adquiridos por ambas instituciones se encuentra capacitar y difundir entre la población de los pueblos y barrios originarios, así como a las comunidades indígenas, información sobre el ejercicio de sus derechos político-electorales, traduciendo en idioma español y lenguas indígenas, las publicaciones en la materia o de temáticas relacionados con ellos.

Por otro lado, dicho instrumento comprende impulsar acciones entre las mujeres y población que requiera de atención prioritaria, sobre su derecho a una vida libre, igualitaria, paritaria y sin violencia en el ámbito político-electoral. De igual manera, se pretenden evitar prácticas discriminatorias por origen étnico, género, edad, condición social, salud, religión, preferencias sexuales o cualquier otra condición.

Asimismo, se buscará la creación de mecanismos para fomentar la participación de niños, niñas y personas jóvenes de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México, en programas sobre cultura democrática y construcción de ciudadanía.

Al hacer uso de la voz, la Maestra Larisa Ortiz Riquelme, Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Residentes de la Ciudad de México, destacó que se debe trabajar por la visibilidad y dignificación de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, garantizando los derechos de toda índole a las personas que se autoadscriben como indígenas.

“En la Ciudad han estado invisibilizados pero existen 150 pueblos originarios, 58 barrios, poco más de 1 millón de personas que se autoadscriben como indígenas, es decir, casi el 11 por ciento de la población total de la Ciudad, y unos de los derechos fundamentales que desde el ámbito nacional y ahora local se vienen impulsando y tratando de garantizar, son los derechos político-electorales”, afirmó Ortíz Riquelme.

En la firma de este instrumento participaron, además, la Magistrada Martha Mercado Ramírez y los Magistrados Armando Hernández Cruz y Juan Carlos Sánchez León.