El ocurrido el 7 de septiembre de 2017 con epicentro en Oaxaca es el sismo instrumentalmente observado más fuerte desde que se tienen equipos de medición en el Servicio Sismológico Nacional, afirmó Hugo Delgado Granados, director del Instituto de Geofísica (IGf) de la UNAM.

Causó graves daños humanos y materiales en varias zonas del país, que requirieron la participación técnica y humanística de academia, gobierno y ciudadanía. Para reflexionar sobre los eventos del 7 y 19 de septiembre de 2017, a un año de su ocurrencia, el IGf organizó la Primera conmemoración de los sismos de septiembre: una reflexión desde la ciencia.

En el auditorio Tlayolotl, el coordinador de Humanidades, Alberto Vital Díaz, dijo que la emergencia tras los sismos requirió la participación de la Universidad en su conjunto y mostró la necesidad de comunicación e intercambio entre las áreas científica y humanística.

Eduardo Reinoso Angulo, del Instituto de Ingeniería (II), recordó que al sur del país se cayeron muchas casas porque estaban construidas con abobe, un material muy vulnerable. Y en las ciudades, muchos derrumbes ocurrieron en edificios con “planta baja débil”, es decir, que tienen huecos para estacionamiento o para locales comerciales en ese nivel, que debería ser muy fuerte porque sostiene la construcción.

Criticó que se relajara el rigor de la construcción y que se permitan errores como los anuncios espectaculares pesados en las azoteas de edificios antiguos. Sobre la ocurrencia de fracturas, que no son un fenómeno sísmico pero pueden agravarse tras un movimiento brusco, subrayó que seguirán mientras continúe la extracción de agua del subsuelo.

En su oportunidad, Xyoli Pérez Campos, jefa del Servicio Sismológico Nacional (SSN), explicó que para dar un reporte, el centro de monitoreo del SSN recibe datos de 172 estaciones distribuidas en todo el país, gracias a una colaboración con otras instituciones. Además, operan 98 estaciones del propio servicio y una red sísmica del Valle de México compuesta por 32 estaciones que detectaron, por ejemplo, 360 sismos tan solo el 8 de septiembre (réplicas del ocurrido el día 7).

Por su parte, Gerardo Suárez Reynoso, del IGf, anotó que los sismos de septiembre registraron muchas réplicas. El del día 7 ocurrió muy adentro de la Placa de Cocos y no en la zona de subducción, lo que es poco común. “Tenemos que trabajar más para entender mejor los sismos, porque todavía tenemos muchas sorpresas”.

Aplicación de la normatividad, necesaria para reducir riesgos

Lo que mitiga los riesgos símicos son las acciones, y aplicar la normatividad es nuestra mejor arma para reducir ese riesgo. No obstante, hay debilidad institucional para verificar su cumplimiento; ése es un problema grave que debe resolverse, afirmó Mario Ordaz, investigador del Instituto de Ingeniería.

Además, las normas no son retroactivas, excepto para hospitales y escuelas; de los 44 edificios que colapsaron en 2017 en la CdMx, 43 fueron construidos antes de 1985. En ese sentido, los hogares deberían reforzarse, pero habría que pensar qué implica eso en términos económicos.

Enrique Cabral, investigador del IGf, advirtió que la vulnerabilidad de estructuras civiles en la Ciudad de México se acentúa en aquellas áreas afectadas por fallamiento asociado a subsidencia del terreno, hundimiento gradual de la superficie terrestre debido a la pérdida de volumen y/o transferencia de masa. En México, una gran parte de los procesos de subsidencia están originados por extracción de agua subterránea.

El cambio ambiental en la zona metropolitana ha sido enorme. Hoy, aquí habitan más de 21 millones de personas y tan solo en la capital del país están en uso 680 pozos; por décadas, la extracción de agua ha excedido a la recarga, y la caída del nivel freático es de 1.4 metros por año, con costosos daños en la infraestructura urbana, como el drenaje, y serios problemas de fallamiento en muchas zonas.

En la zona metropolitana, los sitios de alto y muy alto riesgo por fallamiento asociado a subsidencia incluyen a 21.7 por ciento del área total, y al 34.5 por ciento de la población, equivalente a 5.8 millones de habitantes.

Para el director de la Facultad de Arquitectura, Marcos Mazari, las acciones emprendidas por la entidad a su cargo ante los sismos fueron para auxiliar a la población afectada, a través de una convocatoria iniciada por los alumnos.

Con el apoyo del Centro Nacional de Prevención de Desastres, miles buscaron capacitarse y cooperar. Tuvimos alumnos, trabajadores, profesores, egresados y una participación interdisciplinaria. Se registraron seis mil 433 voluntarios. Las brigadas se conformaban con un académico o egresado, y un grupo de estudiantes, concluyó.