El Consejo de Honor y Justicia del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, que podrá conocer, investigar, substanciar y resolver actos u omisiones irregulares cometidos por elementos de seguridad y custodia, fue instalado este lunes por la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado Castro.

Este órgano colegiado se inscribe en los parámetros éticos que guían la actuación del Gobierno de la CDMX respecto al Sistema Penitenciario: menos cárcel, mejores condiciones y derecho al porvenir.

“El Consejo va a ser muy importante para reconocer méritos y buenas prácticas, pero también para evitar cualquier tipo de abuso de autoridad o de sacarle la vuelta a la ley”, señaló Mercado Castro.

Antes de tomarles protesta, explicó a los integrantes del Consejo lo que implica su participación: “El mensaje del Jefe de Gobierno es que actúen con honor para hacer justicia. Esto también implica tener el valor para impedir la impunidad y que sean sancionados aquellos que no estén dentro de la ley”.

Carlos Emilio Sosa Salazar, director ejecutivo Jurídico y de Derechos Humanos de la Subsecretaría, fungirá como presidente del Consejo, y José Nicandro Cruz Romero, subdirector de Derechos Humanos, como secretario.

Sus otros tres integrantes serán Bruno Jorge Ortega, subdirector de Quejas, Denuncias y Responsabilidades de la Contraloría Interna; Armando Mata, JUD de Coordinación Operativa de Traslado Especializado en Adolescentes de la Dirección Ejecutiva de Agentes Procesales, y Alberto López García, líder coordinador de Proyectos de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Penitenciaria.

Patricia Mercado recordó que las personas en reclusión pierden el derecho a la libertad, pero ganan el derecho a la reinserción, por lo que deben garantizarse las mejores condiciones posibles junto a la certeza a la población de que no habrá corrupción en el otorgamiento de algún beneficio penitenciario.

El subsecretario del Sistema Penitenciario, Hazael Ruiz, expresó que mediante el Consejo de Honor, el gobierno local podrá imponer sanciones que irán desde la amonestación hasta la suspensión o destitución de los funcionarios, siempre con absoluto respeto a los derechos humanos.

Asistieron el contralor General capitalino, Eduardo Rovelo; la vicepresidenta de la Comisión Especial de Reclusorios, Rebeca Peralta, y la segunda visitadora de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, Montserrat Rizo Rodríguez.

Con esta medida, el Gobierno de la Ciudad de México fortalece su política penitenciaria basada en tres ejes: menos cárcel, mejores condiciones y derecho al porvenir.