La Ciudad de México podrá tener las mejores leyes para respetar los derechos humanos, como la de matrimonios igualitarios, pero no podrá considerarse ciudad de libertades mientras no se erradique la peor discriminación que afecta a su población, la económica, advirtió Luciano Jimeno Huanosta, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa (ALDF).

En el evento de intercambio de experiencias con especialistas de Argentina, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y organizaciones civiles, el legislador precisó que la madre de toda discriminación es la económica.

Durante el encuentro con María Rachid, directora del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires (ICDB), Héctor Salina, de la UACM y Salvador Trejo Vera, del Movimiento Auténtico "Vinni Cuubi", A.C, Jimeno Huanosta reconoció la importancia de conocer otras experiencias y promover lazos para impulsar que se erradique la discriminación.

En ese sentido, Rachi, fuerte impulsora de los grupos de LGBTTTI reconoció los avances de una ley que permita la unión civil entre personas del mismo sexo y la propuesta sobre el matrimonio igualitario.

Abordó logros del instituto que encabeza e informó sobre los apoyos a grupos vulnerables, personas de escasos recursos, migrantes e integrantes de la comunidad lésbico- gay, entre otros.

La especialista habló sobre políticas públicas y reformas en beneficio de estos sectores, como la ley de salud mental que prohíbe la construcción de manicomios y el uso de terapias en perjuicio de personas con preferencia sexual distinta, el combate a feminicidios tipificados por agresión contra personas de la diversidad sexual, por mencionar algunas.

En su oportunidad, Salvador Trejo Vera, activista argentino, destacó que la Ciudad de México es afortunada porque impulsa la lucha por los derechos humanos con 30 temas en beneficio de diversos grupos.

Salinas, profesor de la UACM, anunció que en el gobierno de la capital del país dará un reconocimiento a la activista María Rachid por su labor en materia de derechos humanos.

Cabe destacar que la directora del ICDB respondió cuestionamientos al término de la reunión, respecto al fallo de la corte para que los padres elijan el orden de los apellidos de un menor; en torno al acoso escolar (bullying) y acciones para combatir los feminicidios.

Además, el sustento jurídico que debería tener la iniciativa de reforma sobre matrimonios igualitarios, así como su punto de vista para etiquetar presupuestos y establecer una metodología que permita crear indicadores de políticas públicas para adecuada planificación, medición, así como clara rendición de cuentas.