Sustentado en las investigaciones integradas por la Procuraduría General de Justicia capitalina, Heriberta Aguilar Landa, Yuridia Gutiérrez Orozco y Andrés o Gustavo González González, fueron encontrados responsables del delito de trata de personas, por lo que acumularon una pena de 165 años de cárcel, según el veredicto emitido por el Juez 52 Penal adscrito al Reclusorio Preventivo Oriente, en la partida 122/2013.

Por tal ilícito, Andrés o Gustavo y Yuridia deben purgar una condena de 60 años de prisión cada uno, mientras que Heriberta Aguilar fue sancionada con 45 años de cárcel, y al pago individual de 64 mil 760 pesos por concepto de multa.

Los tres fueron declarados culpables de obligar a mujeres a prostituirse en la Ciudad de México; para tal propósito, Andrés o Gustavo González se trasladaba al estado de Veracruz para enganchar a sus víctimas, enamorándolas, y con engaños hacía que se dedicaran al sexo servicio.

A una de sus víctimas la conoció en la ciudad de Córdova, con falsas promesas la persuadió para trasladarla a la capital del país, y con golpes le exigió corromperse en hoteles de la zona de la Merced.

En la misma localidad abordó a otra afectada a quien bajo la oferta de un buen sueldo como edecán la trajo a la Ciudad de México, y mediante violencia física la prostituía en la Merced y en Sullivan, donde era vigilada por Heriberta y Yuridia para evitar que se escapara o los denunciara.

Otras dos ofendidas fueron inducidas para venir a la ciudad debido a la pobreza en que vivían con sus familias en poblados del estado de Veracruz, y con el ofrecimiento de mejorar su calidad de vida, Andrés o Gustavo González también las pervirtió.

El Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas entregó al juzgador la valoración psicológica de las agraviadas, cuyo resultado indicó alteración en el libre desarrollo de la personalidad.

La Procuraduría General de Justicia capitalina refrenda su compromiso de investigar el delito de trata de personas hasta sus últimas consecuencias, a fin de mantener la confianza de los capitalinos en las instituciones y combatir la impunidad.