Un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito determinó no protegerlo

Las pruebas aportadas por la Procuraduría General de Justicia capitalina fueron contundentes para que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito negara el amparo directo a Javier Rojas Romero, a quien los magistrados encontraron culpable del delito de trata de personas.

Dentro del toca 242/2015, se estableció que desde 2011, el indiciado y un copartícipe, ya sentenciado, obligaban a mujeres originarias de los estados de Tlaxcala y Veracruz, a prostituirse en hoteles de La Merced y la calle Sullivan, por lo que fueron denunciados por sus víctimas.

Consta en el expediente que una de las ofendidas conoció al imputado en el municipio de Tenancingo, Tlaxcala, y que en noviembre de 2010, lo encontró en la zona de la Alameda Central y desde ese tiempo se frecuentaron hasta enero de 2011, cuando decidieron vivir en unión libre en un hotel donde ella se quedaba, mientras que Rojas Romero supuestamente iba a trabajar.

Sin embargo, no le daba dinero, por lo que al reclamarle, el acusado le ordenó que ofreciera servicio como sexo servidora en hoteles de La Merced, para ello, la llevó a esa zona y obligó a otra mujer a que le enseñara el oficio.

Ante los maltratos y humillaciones, la afectada denunció a su pareja en el Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales, la cual implementó un operativo que derivó en la captura y consignación del agresor.

El Juez 21 Penal de primera instancia lo condenó a seis años tres meses de prisión y multa de 201 mil 892 pesos, y a su copartícipe, Emmanuel Mena González, a 10 años nueve meses de cárcel con una sanción económica de 273 mil 959 pesos, este último por el delito de lenocinio agravado.

Ambos apelaron la determinación, pero los magistrados de la Segunda Sala ratificaron las penalidades, por lo que Javier Rojas Romero interpuso el recurso de amparo directo DP 304/15; no obstante, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito determinó no ampararlo ni protegerlo.

La Procuraduría General de Justicia capitalina refrenda su compromiso de investigar los delitos de trata de personas y lenocinio hasta sus últimas consecuencias, a fin de mantener la confianza de los capitalinos en las instituciones y combatir la impunidad.