Resaltan papel del Legislativo para integrar en el marco jurídico a todos los sectores: rural, cambio climático, catastral, ambiental, entre otros.
Senadores son testigos de la firma de un convenio de colaboración entre ONU Hábitat México y el Colegio Nacional de Jurisprudencia Urbanística México.

Senadores y especialistas que participaron en los “Diálogos de Derecho Urbano: Rumbo al Urban Thinkers Campus México”, coincidieron que el nuevo modelo urbano en México, debe fomentar y considerar la opinión de sus habitantes, con el propósito de contar con una ciudad más dinámica.

El senador Francisco Búrquez Valenzuela, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial en el Senado de la República, resaltó la necesidad redefinir y dar un mejor enfoque y planeación a las ciudades, por lo que el nuevo modelo urbanista debe ser orgánico, flexible y adaptable a los cambios de un entorno dinámico y de gran complejidad y, sobre todo, que permita a los habitantes manifestar sus gustos y preferencias.

El legislador del Grupo Parlamentario del PAN subrayó la necesidad de dar más peso al habitante y de regresar a lo básico, “a hacer sencillo lo que se ha hecho complejo”. Además, subrayó que “se debe sacar al gobierno” de la regulación en la propiedad edificable, permitir usos mixtos, mayores alturas y elementos relacionados al aprovechamiento de los predios, para que los ciudadanos configuren una ciudad más dinámica.

El tema más importante es el espacio público, por lo que se debe enfocar la planeación en el diseño, construcción, custodia y la readaptación del uso de este espacio, que incluye vialidades, estrategias de movilidad sustentable, parques y elementos de valor ambiental, argumentó.

Para el senador Víctor Hermosillo y Celada, también del Grupo Parlamentario del PAN, el urbanismo no debería verse desde un punto de vista mundial. Explicó que en Europa la población ya no está creciendo por lo que la planeación es más sencilla; mientras, en México la población continua creciendo lo que vuelve la situación más compleja.

Desde su punto de vista, se deben considerar descentralizaciones, porque con una población en aumento, se hace necesario observar entre muchas otras condiciones, la falta de recursos naturales como el caso del agua en la Ciudad de México.

El legislador advirtió que las propuestas sobre la urbanización deben ser honradas y reiteró que no se deben copiar modelos de otros países, porque la realidad en México es muy diferente, en donde por ejemplo, “el problema del tráfico es inhumano”.

En tanto, Erik Vittrup, representante de la ONU Hábitat México, dijo que en el país existen 59 zonas metropolitanas, pero sólo nueve estados cuentan con una ley que regule este tipo de asentamientos.

Destacó que la gran mayoría de esas regiones no cuentan con una legislación que establezca la coordinación de los tres niveles de gobierno para impulsar su correcto desarrollo.

Asimismo, comentó que muchos municipios viven una transformación hacia la urbanización; sin embargo, tienen una reglamentación atrasada, deficiente y que no funciona, por lo que es importante que se realice una la reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, que oriente a los ordenamientos locales.

Posteriormente, los senadores fueron testigos de la firma de un convenio de colaboración entre ONU Hábitat México y el Colegio Nacional de Jurisprudencia Urbanística México.

Por su parte, Pablo Aguilar González, presidente del Colegio Nacional de Jurisprudencia Urbanística relató que en Bolivia recientemente se construyó una nueva ley, la de los derechos de la Madre Tierra, en la que se consideró a la tierra como un ser vivo, por lo que se debe cuestionar ¿qué enfermedad tiene? para que en función de ésta, se apliquen sistemas de planeación que solucionen el problema.

Asimismo, subrayó que para ONU Hábitat es fundamental el papel del Poder Legislativo no sólo a nivel federal o regional, sino también a nivel local, con el fin de encontrar mecanismos de coordinación en los que los marcos jurídicos consideren la integración de todos los sectores: rural, cambio climático, catastral, ambiental y más.

Naciones Unidas, dijo, también plantea la legalización y regulación jurídica del espacio público como eje del nuevo urbanismo jurídico que se pretende realizar, y a partir de ello regular los espacios edificables, tomando en cuenta el enfoque en los derechos humanos en la ciudad.

A su vez, Luis Miguel Cano, del Colegio Nacional de Jurisprudencia Urbanística México, señaló que la actual realidad de las ciudades mexicanas se debe enfrentar con un nuevo marco jurídico y un modelo que fomente la democracia participativa informada a nivel vecinal.

El especialista consideró fundamental que en las colonias las personas que las habitan tomen las decisiones respecto a nuevas construcciones, mejoras y servicios urbanos, mediante un esquema de representatividad.

Se debe, agregó, fomentar el derecho de participación de los habitantes que quieran mejorar su entorno, con el objetivo de encontrar alternativas a problemas focalizados y locales.