PGJDF aportó pruebas en el pliego de consignación

Operaban en un bar de la delegación Venustiano Carranza

Juez de primera instancia les dictó auto de formal prisión

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal conoció del auto de formal prisión dictado contra once personas, entre ellas tres mujeres, por su probable responsabilidad en la explotación sexual de varias víctimas, las cuales fueron rescatadas, el pasado mes de junio.

Pruebas aportadas en el pliego de consignación, permitieron a la Subprocuraduría de Procesos acreditar la probable responsabilidad de los indiciados en el delito de trata de personas agravada.

En la resolución emitida por el Juez 42 Penal, con sede en el Reclusorio Preventivo Norte, se estableció la presunta participación de Mónica Salinas Escalona, Eva Rosales García y Paula Romero Flores, en los hechos que se les imputan, por lo que enfrentarán procedimiento sumario.

Asimismo, Carlos Augusto Hernández González, Juan Arce Oviedo, Mariano Cervantes Meléndez, Apolonio Bautista Gómez, Juan Mario Chávez Romero, Gerardo Linares Romero, Carlos Vázquez Zarate y Alejandro Moya Alonso serán procesados bajo la causa penal 124/2014.

ANTECEDENTES

Luego de una denuncia ciudadana, el pasado 19 de julio, personal ministerial, pericial y de Policía de Investigación realizaron un operativo en un inmueble localizado en Calzada Ignacio Zaragoza, colonia Puebla, perímetro de Venustiano Carranza, donde fueron rescatadas 26 mujeres presuntamente víctimas de explotación sexual.

En esta acción, fueron detenidas 11 personas, entre encargados, meseros y personal de seguridad, acusados de participar en el delito de trata de personas, ya que recibían dinero de las víctimas, quienes eran obligadas a realizar bailes privados eróticos y ejercer el sexo-servicio en el interior del domicilio.

La presente información se emite en términos del artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.

Los presentados tienen el carácter de probables responsables, que no implica responsabilidad penal hasta que, en su caso, lo determine la autoridad jurisdiccional.