Para evitar asignaciones excesivas de gastos a los partidos en las entidades federativas, es indispensable que los Congresos locales homologuen las normativas electorales a lo establecido en la Ley General de Partidos Políticos, que establece un piso parejo de financiamiento público para las agrupaciones políticas a nivel federal y estatal.

Así lo expusieron consejeros electorales de los estados de Puebla, Chiapas y Jalisco, durante la conferencia \"Esquemas de financiamiento de los partidos\", que se llevó a cabo en el Auditorio 1 de la Unidad de Posgrado de la UNAM, como parte del programa de actividades del XXVIII Congreso Internacional de Estudios Electorales.

En la conferencia, Guillermo Alcaraz Cross, consejero presidente del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Jalisco; Jacinto Herrera Serrallonga, titular del Instituto Electoral del Estado de Puebla, y Oswaldo Chacón Rojas, presidente del Instituto de elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, hablaron acerca de la fórmula que, a partir de la reforma electoral federal de 2014, los Organismos Públicos Locales Electorales deben aplicar para fijar las prerrogativas anuales de los partidos, en concordancia con el esquema que también aplica el Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante sus respectivas intervenciones, los 3 consejeros, integrantes de la Asociación de Institutos Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF), coincidieron en que si bien la Ley General de Partidos Políticos establece que el financiamiento de dichas instituciones debe ser el equivalente al número total de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal multiplicado por el 65 por ciento de la Unidad de Medida y Actualización, en la práctica, no es aplicado en todas las entidades, debido a que sus congresos deben reformar sus leyes locales en la materia.

Chacón recordó que el Congreso de Chiapas fue el primer estado en modificar su ley electoral para homologar el esquema de financiamiento, pero se incluyeron disposiciones para que el gasto asignado para los partidos sea menor al 65 por ciento establecido, en casos excepcionales, por lo que el Consejo General del Instituto Electoral Estatal rechazó la propuesta, al considerar que para ello debe ser reformada la Ley General de Partidos Políticos, y el asunto fue llevado a la Suprema Corte de Justicia, vía una acción de inconstitucionalidad.

En la conferencia, en la cual estuvo presente en el público el consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mario Velázquez Miranda, también presidente de la AIEEF, se destacó que para consolidar la homologación en la asignación de prerrogativas a los partidos, es necesario diseñar un sistema integral de financiamiento público, en el que participen todos los OPLE.

También se destacó la importancia de monitorear los actos públicos de los partidos y sus candidatos, difundidos en medios, para comparar los gastos que reportan con los que se les asigna, a fin de detectar el posible financiamiento irregular de campañas.

Otro aspecto destacado en la conferencia es el posicionamiento de los consejeros respecto de las propuestas ciudadanas que buscan dejar sin financiamiento a los partidos, lo cual consideraron que puede afectar al sistema democrático vigente en el país.