- Destacan como pendiente el mecanismo de defensa ciudadana ante las multas impuestas

- Se pronuncian por la implementación de señalización vial en buen estado y campañas informativas

Senadores del Partido Revolucionario Institucional pidieron al Gobierno del Distrito Federal (GDF) capacitar a los Agentes de Tránsito quienes deberán de aplicar de forma objetiva y transparente el nuevo Reglamento de Tránsito para el Distrito Federal, a fin de prevenir e inhibir actos de corrupción.

Exhortaron al gobierno capitalino para que instrumente las acciones que permitan que la Ciudad de México cuente con una señalización vial en buen estado y acorde al nuevo Reglamento y la realización de una campaña de concientización permanente que promueva la adopción de los valores contenidos en el documento.

El Grupo Parlamentario del PRI consideró que la correcta instrumentación del Reglamento debe ir acompañada de una campaña informativa permanente que promueva la adopción de la nueva cultura vial y mejor movilidad que se buscan alcanzar con esta disposición.

Además de disminuir el número de accidentes viales, lo cual constituye una de las principales problemáticas de la Ciudad de México, como lo señalan datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que registra más de mil accidentes al día.

En el documento se reconoció que los aspectos que ponen en riesgo la correcta instrumentación del Reglamento son la falta de una señalización vial adecuada y el deterioro de la misma, toda vez que, de acuerdo a especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco, en los 20 cruceros donde se registran más accidentes viales en la ciudad de México, la señalización está mal empleada.

Se indicó que la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación como auxiliar en la vigilancia del cumplimiento del Reglamento de Tránsito, es una medida que se aplica en la Ciudad de México desde hace algunos años, sin embargo, aún son recurrentes las constantes quejas por las fallas en estos sistemas.

Por lo que se consideró como un pendiente la instrumentación de recursos tecnológicos para que los ciudadanos puedan presentar de forma oportuna sus recursos de inconformidad ante sanciones que consideren injustas. El punto de acuerdo fue turnado a la tercera comisión de trabajo.