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La iniciativa tiene entre sus objetivos erradicar el hostigamiento y la discriminación, sostuvo la diputada local Gabriela Quiroga.
La diputada Gabriela Quiroga Anguiano propuso reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública local para fortalecer la generación de políticas públicas que impulsen el respeto y protección de los derechos de las y los trabajadores sexuales para que tengan condiciones seguras, equitativas, saludables y salarios justos en su trabajo.
Detalló que al crear espacios de visualización y atención integral a las personas que se dedican al trabajo sexual, se garantizaría la salvaguarda de sus derechos sexuales y reproductivos, además de proporcionarles una verdadera protección de ley para erradicar la discriminación y exclusión de la que son víctimas.
Quiroga Anguiano dijo que actualmente la Secretaría de las Mujeres protege los derechos de las mujeres, pero desde la visión de un mejor funcionamiento; por ello, es necesario contar con una Coordinación de Exigibilidad y Atención de los Derechos Sexuales y Reproductivos de la cual planteó se desprenda una Jefatura de Unidad Departamental de Atención Integral a las Personas Trabajadoras Sexuales.
“Asimismo, se pretende proveer de un respaldo apropiado, opciones de empleo y educación que activamente empoderen a este grupo social, respetando la agenda individual y garantizando el ejercicio de derechos humanos, adoptando las medidas necesarias para erradicar la discriminación de toda índole”, sostuvo.
La visibilidad debe verse reflejada en el actuar de los distintos órdenes de gobierno, tanto en el ámbito presupuestal como en la atención integral del sector referido. Las y los trabajadores sexuales tienen los mismos derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra para todas las personas que se encuentren en territorio nacional, sean mexicanas o no.
Agregó que el concepto de trabajo sexual se creó para reconocer la venta de servicios sexuales como un trabajo remunerado y sustituir el de prostitución, el cual se considera peyorativo y moralista y que ante la constante discriminación es necesario reconocer que las y los trabajadores sexuales, como todos los grupos de atención prioritaria, requieren políticas públicas que busquen respaldar y mejorar la situación de personas dedicadas al trabajo sexual.
La diputada Gabriela Quiroga sostuvo que el hecho de dedicarse al trabajo sexual no menoscaba en ninguna manera sus derechos; sin embargo, es frecuente que, en la práctica, autoridades gubernamentales los pasen por alto y se les haga víctimas de persecución u hostigamiento bajo el pretexto de “alterar el orden público”, “las buenas costumbres” o “la salud pública”, con su actividad.
Finalmente, detalló que la iniciativa se basa en la investigación realizada por el sexólogo Guillermo Domínguez Barrón, y en ella se destaca que las y los trabajadores sexuales tienen derechos a la vida, la libertad y libre tránsito, a la protección, a la salud, derechos sociales y laborales, sexuales, reproductivos, a la educación, a la libre asociación, a la organización libre y voluntaria de su trabajo y a la publicidad de sus servicios.
