Rigoberto Salgado responsable de usar recursos públicos para el centro de operación de El Ojos: Contraloría CDMX - NTCD Noticias
Viernes 26 de abril de 2024

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Rigoberto Salgado responsable de usar recursos públicos para el centro de operación de El Ojos: Contraloría CDMX

Rigoberto Salgado responsable de usar recursos públicos para el centro de operación de El Ojos: Contraloría CDMX

Rigoberto Salgado responsable de usar recursos públicos para el centro de operación de El Ojos: Contraloría CDMX

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El Contralor del gobierno de la Ciudad de México, Eduardo Rovelo Pico, informó que la dependencia a su cargo resolvió que el jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado, y 17 servidores públicos de su administración, usaron recursos públicos para la construcción y operación del restaurante “La Carreta del Pacífico” que hasta el mes de agosto pasado funcionaba como centro de operación de la Banda criminal de Felipe de Jesús Pérez, “El Ojos”.

En la comparecencia de Rovelo Pico ante el pleno de la ALDF, el vicecoordinador del PRD en la ALDF, Raúl Flores, pidió al Contralor dar a conocer el estatus de la denuncia CI/TLH/D/0167/2016 presentada en contra de la delegación Tláhuac por utilizar recursos de dicha demarcación, es decir de todos su habitantes, para habilitar la infraestructura necesaria para el restaurante La Carreta del Pacífico.

Ante este cuestionamiento el Contralor de la CDMX contestó lo siguiente:

“Había hallazgos de haberse utilizado indebidamente a trabajadores de mantenimiento, de drenaje y banquetas, por parte de personal adscrito a la delegación que señalan en las inmediaciones de dicho establecimiento mercantil denominado la Carreta del Pacífico”.

“Nosotros estamos en la integración de si efectivamente había competencia de la delegación para realizar dichos trabajos ya que se tratada de una vialidad primaria y se hace una vinculación directa por parte del jefe delegacional. Y administrativamente en nuestra materia nosotros tenemos identificados a servidores públicos como probables responsables, a 18 que implican responsabilidad del Jefe delegacional, a un Director general, dos Directores de área, dos jefes de unidad departamental y 12 personas operativas”.

Por su parte Raúl Flores García precisó que en meses pasados se presentaron pruebas de que se utilizaron recursos públicos de la delegación morenista, humanos y materiales, para la operación y mantenimiento del mencionado restaurante que es propiedad de la familia de Rigoberto Salgado que fue inaugurado el 3 de septiembre del 2016 bajo la administración de Jazmín Rodríguez Salgado, sobrina del delegado.

En tanto, Rovelo Pico informó que se inició una pesquisa de oficio por el derrumbe del Colegio Rébsamen, por la que todo el personal de la delegación Tlalpan se encuentra bajo investigación en espera de las sanciones correspondientes, misma que está radicada en el área de responsabilidades jurídicas con fecha 9 de diciembre.

Con anterioridad, Flores García había pedido conocer si la Contraloría estaba realizando una investigación respecto a las irregularidades y omisiones por parte de la delegación Tlalpan en el derrumbe de una parte del Colegio Rébsamen tras el terremoto del 19 de septiembre en la Ciudad de México, que cobró la vida de 26 personas, 19 de ellas niñas y niños estudiantes.

Apuntó que "Se sabe que la Jefa Delegacional de Tlalpan con licencia, Claudia Sheinbaum, envió a su Director de Protección Civil, César Hernández Sánchez, a revisar las instalaciones del Rébsamen tras el sismo del 7 de septiembre pasado y que en su “oficio de revisión” determinó que no había ningún problema estructural en dicho Colegio y que la ruta de evacuación era la indicada. Lo que deja en claro que la delegación no revisó dicha escuela, pues si se hubiera hecho una verdadera revisión del plantel, quizá hoy los niños, maestras y personal de limpieza estarían vivos".

Finalmente, Rovelo Pico informó que desde el pasado 24 de octubre de 2017, por haberse agotado el presupuesto asignado para las fotomultas dijo que ya no se renovó el contrato y que los instrumentos usados para la aplicación de las multas pasaron a ser parte de la infraestructura del gobierno capitalino.


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