La Procuraduría General de Justicia capitalina logró que el Juez 33 Penal dictara sentencia de 33 años y cuatro meses de prisión, así como el pago de 129 mil 119 pesos por concepto de multa, reparación del daño material y moral, contra un hombre acusado de los delitos de privación de la libertad en su modalidad de secuestro exprés y extorsión, ambos calificados, cometidos en perjuicio de una persona en 2008. El responsable actuó en complicidad con tres individuos, sentenciados por este hecho en 2010.

De acuerdo con la averiguación previa, alrededor de las 20:30 horas del 30 de julio de 2008, el agraviado se percató que afuera de su domicilio ubicado en la calle Camino Viejo, colonia Paraje San Juan, delegación Iztapalapa, se encontraban dos vehículos tipo Stratus, cuyos tripulantes interrogaban a su esposa.

El denunciante se acercó a los sentenciados y les preguntó el motivo de su presencia; uno de ellos le manifestó que eran agentes de la entonces policía judicial y le informaron que tenía presuntamente un problema legal y, a cambio de no proceder contra él, le exigieron la entrega de dos automóviles.

Ante la negación, el afectado fue trasladado a una agencia del Ministerio Público donde un individuo que se identificó como comandante, continuó la extorsión y lo amenazó con causarle daño a su hijo; además, lo obligaron a comunicarse con sus familiares para que éstos pagaran por su libertad, quienes entregaron uno de los vehículos requeridos y una parte del dinero solicitado.

Tras ser liberado, el afectado denunció el ilícito y los sentenciados fueron detenidos en cumplimento a las órdenes de aprehensión que existían en su contra por estos hechos.

Esta información se emite en términos del Artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales para la Ciudad de México.

El proceso sobre el que informa este comunicado se inició previo a la plena entrada en vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio (SPPA), por lo que se desarrolla de acuerdo al sistema tradicional o mixto.

La Procuraduría General de Justicia capitalina refrenda su compromiso de combatir de manera frontal cualquier ilícito cometido por algún servidor público, hasta sus últimas consecuencias, a fin de mantener la confianza de los capitalinos en las instituciones, para evitar la impunidad y alentar la cultura de la denuncia y la legalidad.