_ Con base en las pruebas reunidas por la Procuraduría General de Justicia capitalina, magistrados de la Quinta Sala Penal confirmaron sentencia de cinco años de prisión, a un hombre que almacenaba en su computadora material pornográfico en el que aparecían adolescentes.
De acuerdo con el toca 57/2017, el imputado es responsable del delito de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, a través de la pornografía, en la modalidad de almacenar para si videograbaciones con contenido de actos sexuales reales, en los que participan personas menores de 18 años de edad, sin fines de comercio o distribución.
En la averiguación previa iniciada en una instancia federal, que posteriormente declaró incompetencia, consta que entre agosto de 2011 y noviembre de 2015, elementos policiales recibieron siete alertas de posesión de material pornográfico, relacionadas con una dirección de correo electrónico.
Tras efectuar un rastreo y ubicar al usuario de dicha cuenta, se realizó un cateo en la casa del imputado, localizada en calle Concepción Beistegui, colonia Narvarte, delegación Benito Juárez.
Durante la inspección, se encontró un video almacenado en la computadora del señalado, en el que aparecían dos mujeres, menores de edad, realizando actos sexuales y de exhibicionismo corporal, en compañía de una persona adulta.
Por estos hechos, el sentenciado fue detenido y puesto a disposición del representante social, quien solicitó peritajes en materia de psicología y medicina, que permitieron establecer la minoría de edad de las víctimas y continuó con las diligencias correspondientes para esclarecer el ilícito.
Esta información se emite en términos del Artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales para la Ciudad de México.
El proceso sobre el que informa este comunicado se inició previo a la plena entrada en vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio (SPPA), por lo que se desarrolló de acuerdo al sistema tradicional o mixto.
Con estas acciones, la Procuraduría General de Justicia capitalina reitera su compromiso de combatir los delitos que afectan a la sociedad y perseguir a los probables participantes hasta sus últimas consecuencias, con el propósito de brindar certeza jurídica y confianza a la ciudadanía.
