Solicitan a GDF información sobre enfrentamiento en San Bartolo Ameyalco

• Solicita a Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal investigar posibles violaciones durante construcción de proyecto hidráulico
• Pide a PGR información actualizada sobre actos de violencia contra las mujeres
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó información al gobierno del Distrito Federal sobre el proyecto hidráulico que se realiza en la Delegación Ãlvaro Obregón y sobre los sucesos del pasado 21 de mayo, en San Bartolo Ameyalco, durante los cuales policÃas y habitantes del pueblo resultaron heridos, al tiempo que se detuvo a jóvenes opositores del proyecto en cuestión.
El Pleno aprobó un dictamen con punto de acuerdo para conocer la razón de la presencia, ese dÃa, de alrededor de mil 500 elementos de la SecretarÃa de Seguridad Pública del Distrito Federal para vigilar la instalación de las tuberÃas contempladas en dicho proyecto y examinar el cumplimiento de los protocolos de actuación policial.
Se busca conocer los alcances del proyecto, la población que beneficiará y los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo con los habitantes de las comunidades en las que se llevan a cabo las obras, de conformidad con lo dispuesto por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos IndÃgenas y Tribales en PaÃses Independientes, que establece la obligación de los gobiernos de implementar procedimientos de consulta antes de emprender cualquier programa de explotación de recursos naturales.
Además, se requirió a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, iniciar una investigación de oficio en relación con las posibles violaciones a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos originarios durante la construcción del proyecto hidráulico que, de acuerdo con los habitantes, abastecerá al Centro Comercial de Santa Fe y a una unidad habitacional que se construirá en la zona, a costa de contaminar el manantial “Ojo de Aguaâ€.
A fin de generar una mayor conciencia sobre los actos de violencia en contra de las mujeres y promover acciones para reducir la incidencia de éstos, la Comisión Permanente aprobó también un dictamen para pedir a la ProcuradurÃa General de la República y a las autoridades locales que remitan un informe actualizado sobre los delitos relacionados con la violencia contra las mujeres.
Al mismo tiempo, solicitó al Instituto Nacional de las Mujeres que remita un informe sobre las polÃticas públicas y programas del gobierno federal en materia de prevención y violencia de género.
Por último, exhortó a las autoridades competentes en los tres órdenes de gobierno a que realicen campañas de difusión en los ámbitos de prevención de ilÃcitos, seguridad pública y de procuración de justicia, con el objetivo de erradicar las conductas y actos relacionados con la violencia en contra de las mujeres.
En el marco del DÃa Mundial contra el Abuso y Maltrato en la Vejez (15 de junio) la Comisión Permanente aprobó solicitar a los ámbitos competentes del Poder Ejecutivo Federal informar acerca de las polÃticas públicas y las acciones para prevenir, atender y erradicar la violencia en contra de las personas adultas mayores, asà como para salvaguardar la protección de sus derechos humanos.
A pesar de los instrumentos internacionales y las propias leyes mexicanas, se calcula que alrededor de 680 mil personas mayores en nuestro paÃs padecen violencia fÃsica o psicológica por parte de sus propios familiares.
La Comisión Permanente solicitó a los tres órdenes de gobierno fortalecer la realización de simulacros de sismo en inmuebles e instalaciones de los sectores público, social y privado. Esto, para preparar a la población, en su conjunto, ante cualquier movimiento telúrico y disminuir asà los efectos adversos que los desastres ocasionados por los sismos provocan a la sociedad.
Pidió a los gobiernos federal, estatal y municipal desplegar campañas a favor de la cultura de la protección civil, durante los tiempos de radio y televisión del Estado.
Reconoció las actividades de coordinación de los tres órdenes de gobierno que se realizan en el Sistema Nacional de Protección Civil, con el objeto de efectuar acciones destinadas a la protección de los ciudadanos contra los peligros y riesgos que se presentan en la eventualidad de un desastre.
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