La Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó en días pasados revisar la procedencia del Recurso de Reclamación de Controversia Constitucional presentada por el Jefe Delegacional en Azcapotzalco, Pablo Moctezuma Barragán, en contra del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México que convierte a las delegaciones en ventanillas de trámite de los corporativos inmobiliarios.

La decisión del máximo Tribunal de Justicia del país avala que la argumentación ofrecida en la demanda de controversia constitucional, debe ser analizada para demostrar que la Constitución, el Estatuto de Gobierno y la Ley de Desarrollo Urbano otorgan atribuciones a los Jefes Delegacionales para verificar que las manifestaciones de construcción cumplan con los requisitos que exige la legislación.

El Reglamento de Construcciones determina el registro automático en el que las delegaciones sólo pueden recibir la manifestación de construcción, sin examinar el contenido de la misma y en su caso, evitar los agravios contra la ciudadanía.

Permitir a los desarrolladores inmobiliarios el registro automático de la obra propicia la falta de verificación para cumplir con los requisitos indispensables, lo que ha generado: 27 juicios de lesividad, 20 custodias de folios que evitan la escrituración y comercialización de los desarrollos, así como más de 10 demoliciones por cumplirse.

Antes de la expedición de este nuevo reglamento, en noviembre del año pasado, los Jefes Delegacionales de Azcapotzalco, Tlalpan, Cuauhtémoc, Xochimilco y Tláhuac presentaron una propuesta de reforma a la Ley de Desarrollo Urbano al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, sin que fuera considerada.

La demanda de controversia es apoyada por los Jefes Delegacionales y diputados, que buscan en la próxima Constitución de la Ciudad de México permanezcan íntegras las atribuciones que tienen los delegados; además de garantizar a la población un desarrollo urbano armónico, ordenado, transparente y con estricto apego a la legalidad.

El ofrecimiento tiene como fin garantizar el derecho a una ciudadanía plena para todos y sin privilegios para los desarrolladores.

Este paso dado por la SCJN es de vital importancia para los habitantes de las demarcaciones y las jefaturas delegaciones, que representan el nivel de gobierno más cercano a la gente, para tener herramientas en la defensa del bienestar público de pueblos, barrios, colonias y unidades habitacionales frente a los efectos negativos de los desarrollos inmobiliarios.