Estas reformas normativas dotarán de certeza a los juicios en la materia: Diputado Eleazar Rubio AldaránEl Poder Legislativo modifica la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable; dispone que toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria

El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial local y con ello se armonizan las competencias en juicios en materia mercantil y civil. El dictamen fue elaborado y presentado por las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.

Para fundamentar el dictamen, el diputado Eleazar Rubio Aldarán –promotor de la iniciativa de reformas-, a nombre de las comisiones unidas, aseguró que estos cambios normativos dotarán de certeza a los juicios en la materia.

De acuerdo con el dictamen aprobado existía la necesidad de armonizar las disposiciones del Código de Comercio con las de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México en lo relativo a los juicios orales mercantiles. Advierte que existían discrepancias de regulación entre la competencia de los juicios orales mercantiles del Código de Comercio y el Juicio Mercantil Oral que regula la Ley Orgánica del Poder Judicial local. Por ello se adopta la competencia por cuantía, lo que abona a la seguridad y certidumbre jurídica.

Con las reformas aprobadas, a partir de enero del año 2020, en los juicios orales mercantiles previstos en el Código de Comercio se tramitarán todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía.

Los jueces de lo Civil de proceso escrito seguirán conociendo de los procedimientos que se encuentren sustanciando. También seguirán conociendo de aquellos asuntos en los plazos y montos desde la presentación de la demanda y hasta su total conclusión.

En la sesión ordinaria de este martes, el pleno del Poder Legislativo también aprobó reformar la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México, mediante la cual se dispone que toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles y asequibles, y culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo humano posible y le protejan contra el hambre, la malnutrición y desnutrición.

El dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso local deriva de la iniciativa presentada por el diputado Ernesto Alarcón Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.