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Un tribunal de justicia en El Salvador, ordenó liberar a Imelda Cortez, una mujer que fue encarcelada en abril de 2017 acusada de "intentar asesinar a su bebé durante el parto".
El caso de Cortez se ha vuelto emblemático de la lucha de las salvadoreñas en contra de las estrictas leyes que rigen su vida sexual y reproductiva.
La defensa de Imelda Cortez argumentó que el bebé era producto de una violación, por lo que el juzgado de sentencia resolvió, a partir de las pruebas periciales, que Imelda Cortez no fue responsable del intento de homicidio de su hija, por lo que decidió eximirla y dejarla en libertad.
El Salvador es uno de los cinco países en el mundo donde el aborto está completamente prohibido, sin importar las circunstancias.
La Fiscalía solicitó al juzgado cambiar el tipo de delito en contra de Cortez, de "homicidio agravado en tentativo" por el de "abandono y desamparo" de su hija recién nacida, una acusación que fue aceptada por la imputada.
Cortez, una estudiante de 20 años, resultó embarazada tras la violación de su padrastro de más de 70 años de edad en el rural municipio Jiquilisco, en el sureste del país.
Al salir del tribunal, Cortez fue recibida con aplausos y abrazos de familiares y activistas de derechos humanos que llevaron carteles para exigir su libertad.
El Gobierno del exguerrillero Salvador Sánchez Cerén propuso en 2017 impulsar una reforma para permitir la interrupción del embarazo en casos de violación o cuando la vida de la madre esté en riesgo, pero el proyecto no ha prosperado en el Congreso.
Según la Agrupación por la Despenalización del Aborto, actualmente unas 22 mujeres purgan penas de entre seis y 35 años por el delito de homicidio agravado vinculado al aborto.
