Para evitar que se haga mal uso de los programas sociales en el proceso electoral del presente año, la Secretaría de Desarrollo Social firmó un acuerdo de blindaje electoral.

En el marco de la firma del Adendum para coordinar acciones y estrategias de apoyo en materia de blindaje electoral, el funcionario federal reiteró el compromiso del Gobierno de la República con la legalidad y la democracia.

En ese sentido indicó que se hará efectivo dicho procedimiento “en todas nuestras delegaciones, en nuestros programas, en cada comedor comunitario, estancia infantil, lechería o tienda rural”.

Pérez Magaña destacó la importancia de dicho instrumento y su esfuerzo interinstitucional para garantizar la aplicación transparente e imparcial de los recursos públicos.

“Para nosotros, en la Secretaría de Desarrollo Social, el blindaje electoral es un tema que nos tomamos muy en serio, porque es una obligación normativa y por la cercanía que tenemos con diversos sectores de la población a nivel nacional”, subrayó.

A su vez, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, destacó el compromiso para fortalecer la participación de la Contraloría Social en la vigilancia de recursos públicos etiquetados para programas federales de desarrollo social.

La Contraloría Social, explicó, es un mecanismo de colaboración ciudadana, en el que los beneficiarios de dichos programas monitorean el uso de los recursos.

En ese marco, convocó a ciudadanos, medios de comunicación y a la sociedad civil a participar en la vigilancia de la correcta utilización del dinero público y a utilizar los mecanismos de denuncia, en caso de un uso distinto a los programas de desarrollo social.

En su oportunidad, el fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, Héctor Marcos Díaz Santana, puntualizó que con este documento “queremos que los nexos entre instituciones y democracia aseguren y garanticen la equidad en la contienda electoral”.

Aseguró que este blindaje permitirá que las instituciones ofrezcan certeza a la sociedad y que los recursos públicos mantengan su ruta original que es: ofrecer bienes públicos y servicios para atender las necesidades de los grupos sociales en condición de vulnerabilidad.

El documento fue signado ante el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales y Encargado de Despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán; la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González; el Fiscal Marcos Díaz Santana, y el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello.