-Senadores coinciden en la importancia de que los ciudadanos tengan acceso a la información.

-Temas de la ley secundaria en materia de transparencia, va en contra de los principios de la reforma constitucional: Jacqueline Peschard.

Las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, avanzan en las audiencias públicas este día, como parte del proceso de estudio para dictaminar la iniciativa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.

Luego de 80 modificaciones que introdujo la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República al pre-dictamen, en diciembre pasado, este lunes especialistas, ex funcionarios y representantes de organizaciones la sociedad civil plantearon sus observaciones sobre la apertura de información en caso de violaciones graves a derechos humanos, sobre las reservas por causas de estabilidad financiera, económica y monetaria; sobre las facultades del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) para sancionar a servidores públicos que violen la ley, y sobre la creación del Sistema Nacional de Transparencia.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Alejandro Encinas Rodríguez, dijo que se debe hacer un esfuerzo para evitar que se pierda el objetivo principal que se estableció en la reforma constitucional sobre la transparencia y máxima publicidad.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar, dijo que la información de contratos petroleros es un tema fundamental y tiene una trascendencia importante en la materia, por lo que es necesario encontrar mecanismos para que la sociedad se interese en estos asuntos de relevancia nacional.

La senadora Laura Rojas Hernández, integrante de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, precisó que su fracción analiza las modificaciones referentes al tema de estabilidad financiera, económica y monetaria, que apoyará siempre y cuando no se abuse de las causales de reserva de dicha información.

La secretaria de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Marcela Torres Peimbert, resaltó el avance en materia de trasparencia que en las entidades federativas, ya que responde al interés de los ciudadanos sobre la información referente al uso de los recursos públicos.

En tanto, el senador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Armando Ríos Piter, señaló que se debe garantizar la autonomía de los órganos garantes de la información. De los temas centrales, consideró que es necesario fortalecer las sanciones por violaciones a la Ley General de Transparencia.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, se pronunció por evitar contradicciones en la ley que puedan interpretarse como un obstáculo para acceder a la información.

El senador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Ernesto Ruffo Appel, precisó que toda la información debe ser abierta a los ciudadanos, ya que en principio, el gobierno es el principal sujeto obligado a cumplir con la ley de transparencia.

La ex presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Jacqueline Peschard Mariscal, expresó su preocupación respecto a la tendencia, que se plantea en el documento, de revertir la facultad de los órganos garantes para que sus decisiones sean definitivas, inatacables y vinculantes, ya que van en contra de la reforma constitucional aprobada el año pasado.

Detalló que la redacción que se pretendía introducir en el artículo 208 del pre-dictamen, en el que se establecía la posibilidad de sancionar a servidores de los organismos garantes que pudieran abrir información que dañara las actividades de los sujetos obligados, era una redacción genérica y amplia que no permitiría castigarlos.

A su vez, Javier Rascado Pérez, presidente de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (Comaip), propuso que el Sistema Nacional de Transparencia esté integrado únicamente por el IFAI y los organismos garantes, para evitar injerencias que minen su autonomía constitucional.

A fin de cumplir con el principio de máxima publicidad, consideró que debe mantenerse como una obligación de transparencia dar a conocer el monto y los nombres de las personas que han recibido cancelaciones o condonaciones un crédito fiscal para que no sólo queden como datos estadísticos.

El académico, Jorge Islas López, hizo un llamado a las comisiones dictaminadoras para que no se introduzca el agregado de la Consejería Jurídica, respecto a la prevalencia de la ley general sobre otras leyes federales, de lo contrario pone en riesgo lo establecido en la reforma constitucional y existirá la posibilidad de crear confusión.

En tanto, el director general de la organización Gestión Social y Cooperación A. C. (Gesoc) Alejandro González Arreola, precisó que cualquier derecho de acceso a la información que no sea pronto y expedito por la vía de los hechos, implica una negación del acceso a la información.

En la interpretación de lo que se refiere a seguridad financiera, monetaria y económica, dijo, está en juego el principio de máxima publicidad dado que se pone una limitante a un derecho humano fundamental.