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Es inconstitucional y atenta contra los derechos humanos, consideran comisiones
En reunión extraordinaria, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron un dictamen que deroga la figura de arraigo de nuestra Carta Magna.
El dictamen sostiene que la figura del arraigo es contraria a los derechos humanos. Además, señala que existen distintos ordenamientos nacionales e internacionales que han señalado la pertinencia, importancia y necesidad de eliminar esta figura.
Se trata de una especie de pena precondenatoria, explica, pues genera una condición donde se detiene para investigar, no se investiga para detener, lo cual es contrario al modelo de justica que se busca construir.
También, detalla, favorece la detención arbitraria y la práctica de la tortura. Esto, indica, se traduce en una condición de indefinición jurídica, pues genera un vacío, no sólo en la fuerza y legalidad del estado, sino en los principios de libertad y presunción de inocencia.
El dictamen con proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo octavo el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, insiste en que aunque en los hechos el arraigo ha ido entrando en desuso, es absolutamente desafortunado que persista esta figura nociva en nuestra Ley fundamental, de tal modo que es necesaria y moralmente obligada su eliminación del ordenamiento jurídico mexicano.
En la reunión de trabajo estuvo Jan Jarab, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien reconoció al Senado de la República por llevar a cabo un “altísimo acuerdo político” para derogar la figura del arraigo de la Constitución.
Opinó que esta reforma abona al camino de la consolidación del nuevo sistema de justicia penal. Es muy importante que se retomara la minuta sobre este tema, que la Cámara de Diputados envió en abril de 2018, a efecto de acelerar el proceso legislativo, agregó.
Recordó que diversos organismos internacionales recomendaron al Estado mexicano la derogación de esa figura jurídica, debido a que lesiona derechos humanos, como la libertad personal, el debido proceso, la presunción de inocencia y de defensa legal, además de que compromete la integridad de las personas.
